En la Provincia de Tucumán, el modelo de protección a la niñez ha sido reemplazado por lo que juristas definen como un «feudo policial». Bajo la gestión de Osvaldo Jaldo, el Estado no solo ha fallado en proteger a los menores, sino que se ha convertido en el principal motor de una maquinaria bélica que inunda las calles de violencia.
El Gobierno ha consolidado una política de «músculo bélico» con inversiones que superan los 3.044 millones de pesos en equipamiento de guerra, mientras Tucumán se inunda. Esta «cultura del armamentismo masivo» genera una contradicción criminal: mientras el Boletín Oficial celebra la compra de arsenales, esos mismos calibres terminan en manos de la delincuencia juvenil que el propio Estado dice combatir.
El Estado “exacerba la violencia ambiental” a través de este armamentismo desenfrenado. Al saturar el territorio con armas y relajar los controles mediante decretos que otorgan facultades discrecionales a la Policía, se crea el caldo de cultivo ideal para que el armamento estatal se filtre hacia los sectores más vulnerables.
El Estado no solo «da armas» simbólicamente al promover la violencia; su negligencia en el control del arsenal millonario sugiere una complicidad sistémica en la circulación de estas armas en los barrios.
El Decreto 772/7: Criminalización y Abandono
Para cerrar el círculo de impunidad, el Ejecutivo diseñó el Decreto 772/7, una herramienta de «captación punitiva» que funciona como una sentencia sin juicio para los niños.
Se utiliza al Ministerio de Educación para echar a los niños del sistema escolar, empujándolos directamente a las redes de violencia que el propio Estado arma.
Se amenaza a directivos con quitarles subsidios y a padres con sanciones económicas, rompiendo el tejido social de apoyo.
La Policía ahora tiene el poder de trasladar menores a centros de encierro sin debido proceso, eliminando el control judicial.
«Cura Brochero», El Gueto de Castigo para niños, niñas y adolescentes. Potencial escuela de sicariato. En la Foto se ve al responsable de Desarrollo social Federico Masso, de dudosos conocimientos sobre las problemáticas de los jóvenes en conflicto con la ley. La falta de idoneidad de un funcionario es un arma letal para un recluso.
El destino final de esta cadena de irresponsabilidad estatal es el “Instituto «Cura Brochero» en Benjamín Paz”.
Lejos de ser un centro educativo, es una extensión del penal de máxima seguridad para adultos, donde se aplica lo que los expertos llaman «tortura técnica» :Inhumanidad con Aislamiento de 23 horas al día, Carencias Básicas como Falta de agua potable y vigilancia agresiva en lugar de contención profesional.
El sistema está diseñado exclusivamente para capturar a los «changuitos», marcándolos como «futuros criminales» desde la infancia.
Aunque le pongan nombre de santos todo esta detenido en el tiempo. Dice Jorge Manrique “Todo tiempo pasado fue mejor”. El presente de Tucuman es feudalismo policiaco.
Un Estado que Alimenta el Fuego
Tucumán ha abandonado el Estado de Derecho para instaurar un «patronato represivo». Cuando el Gobierno invierte más en “fusiles» que, en políticas sociales, se vuelve responsable directo de cada arma que empuña un niño.
La justicia federal ahora debe decidir sobre una Intervención Federal, ante la evidencia de que el Estado provincial no solo es incapaz de frenar la violencia, sino que parece ser su principal proveedor y beneficiario.
La Pluma Viral: Este análisis se sustenta en el Expediente 34/2026 demanda de Intervencion Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
