El máximo tribunal dejó sin efecto el vínculo con la empresa UTE TECNO AGRO VIAL, la firma que venía pleiteando para mantener la concesión. Este fallo representa un rotundo revés político y judicial para la administración de Alfaro, exponiendo irregularidades administrativas insalvables en la adjudicación de uno de los servicios más polémicos de su mandato.
Lo que en su momento fue presentado por la administración de Alfaro como una modernización del espacio público, terminó convirtiéndose en un conflicto judicializado debido a las falencias técnicas y administrativas en los pliegos y en la selección de la firma. Para los magistrados, estas inconsistencias invalidaron el acto administrativo desde su origen, confirmando que el derecho de los ciudadanos y la normativa vigente fueron vulnerados.
El camino libre para una nueva licitación
Más allá de la sanción a las irregularidades pasadas, la resolución judicial tiene un efecto práctico inmediato: allana el camino para la actual gestión municipal. Con el contrato anterior legalmente extinto, la intendencia de Rossana Chahla queda facultada para diseñar y lanzar un nuevo proceso licitatorio.
Esta vez, el desafío de la actual administración será garantizar un sistema, con pliegos transparentes y un servicio que responda a las necesidades de los vecinos sin las sombras de sospecha que marcaron la experiencia anterior. La decisión de la Corte cierra un capítulo de incertidumbre jurídica y abre la puerta a una reorganización del tránsito en la Capital bajo nuevas reglas de juego.
