En una nueva jornada de lucha global contra la violencia hacia las mujeres, las calles se llenan de consignas abstractas y discursos de ocasión, la cual debe ser acompañada para visibilizar las diversas problemáticas.
Sin embargo, en los márgenes de la provincia, la cruda realidad disuelve la teoría. Mientras el colectivo civil y el aparato estatal ensayan proclamas de manual, cabe preguntarse con agudeza: ¿Dónde está el espíritu del “Ni Una Menos” cuando se trata de las mujeres de Graneros y la justicia?
La Justicia penal de Tucumán acaba de dar una muestra cabal de su insensibilidad al imputar formalmente a diez vecinas de Graneros tras protagonizar una protesta social. ¿Su delito? Exigir asistencia urgente luego de haberlo perdido absolutamente todo —muebles, ropa, recuerdos— bajo el agua y el barro de las últimas inundaciones.
A la catástrofe climática y a la desidia estructural del Estado, el sistema judicial tucumano le sumó su respuesta predilecta: la criminalización y la violencia institucional. A estas diez madres y abuelas desamparadas no solo se les negó el colchón, el alimento y la reconstrucción de sus hogares; se las castigó con el banquillo de los acusados, obligándolas a declarar entre lágrimas en una audiencia penal por el solo hecho de defender a sus familias.
Los que denuncian, Intendenta Municipal Raquel Graneros, en la foto posando con el Gobernador Osvaldo Jaldo. Esta Intendenta denuncia a las 10 pobres mujeres inundadas y ahora hundidas por la justicia penal.
Para un expediente judicial y el poder, las 10 mujeres, ellas no son personas con proyectos y derechos vulnerados, sino un engranaje numérico más dentro de una maquinaria punitiva que las prefiere invisibilizadas y calladas.
La OVD y el imperio del «Protocolo Tacacho” bajo custodia de la Vocal de la Corte Suprema de Tucumán Claudia Sbdar.
Si el desamparo político es flagrante, el judicial es escalofriante. Frente a esta muestra evidente de violencia institucional, la pregunta obligada se dirige a los resortes creados, en teoría, para proteger a las ciudadanas: ¿Dónde está la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) del Poder Judicial de Tucumán, que dirige la Vocal Claudia Sbdar?
Sin palabras. Memoria y mucho respeto para Paola Tacacho y Antonella Álvarez.
A decir verdad, la respuesta ya está escrita en la trágica historia institucional de la provincia. La OVD tucumana parece haber perfeccionado un «protocolo tácito» —el mismo que operó en el femicidio de Paola Tacacho— basado en la deshumanización y el formalismo paralizante.
El mecanismo es tan perverso como burocrático: si la víctima o la situación de desamparo que padece no entra de manera exacta en el casillero predeterminado de un formulario informático, el sistema informático la expulsa automáticamente.
Informe de OVD ya titula “femicidio” caso Tacacho –emitido con posterioridad a su muerte-, debe mirarse como la máxima expresión de la burocracia deshumanizada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. https://www.justucuman.gov.ar/noticias/ver/respuesta-por-actuaciones-sobre-tacacho-paola
Bajo la doctrina que impera en los pasillos de los tribunales tucumanos, si la violencia es perpetrada por el propio aparato estatal, por la exclusión social o por la desidia climática, las oficinas judiciales se lavan las manos argumentando «falta de competencia».
La OVD, el software y el manual de funciones actúan como un verdugo de oficina: no te mata de un golpe, pero te encierran, te impone un bozal, fragmentan la ruta de protección y te condenan a la intemperie.
Esta insensibilidad no es un error aislado del sistema; es un modelo de gestión política y judicial. Mientras la Vocal de la Corte Suprema de Justicia provincial, Dra. Claudia Sbdar, se esmera por proyectar una imagen académica de avanzada y diserta en prestigiosas universidades europeas como la de Bolonia sobre Derechos Humanos, hacia adentro sostiene una estructura que desprotege a las víctimas y disciplina a las voces disidentes.
Justicia sin perspectiva de género. Los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Daniel Leiva, Daniel Posse, Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos) continúan en el centro del reclamo social e institucional ante la falta de una agenda judicial que incorpore de manera real y efectiva la perspectiva de género en la provincia.
Es la misma matriz de justicia selectiva que, mientras mantiene en sus cargos a funcionarias negligentes que ignoran las leyes nacionales de protección integral, consiente la aplicación de «mordazas legales» y castigos que configuran una verdadera «tortura psicológica» dentro de su propia órbita de control, afectando e intentando callar tanto a legisladores como a abogados penalistas que osan denunciar la podredumbre del sistema.
El silencio de la Vocal ante estas violaciones constitucionales —observadas incluso por organismos internacionales— demuestra que en Tucumán la justicia es sorda y muda para las víctimas, pero sumamente ágil para amordazar a los vivos.
Graneros inundado. Imagen de los Diaz, imagen superpuesta posando para la inmortalidad la Intendenta Raquel Graneros.
Las diez vecinas de Graneros son el espejo incómodo de una «Justicia de Papel». Es hora de decirlo con claridad: basta de violencia institucional contra las mujeres en Tucumán. Si las consignas del Ni Una Menos no bajan al barro para frenar el brazo penal del Estado que persigue a las inundadas y desposeídas, entonces los discursos oficiales no son más que una máscara de legalidad vacía y cómplice.
