Mientras miles de tucumanos esperan respuestas, asistencia y soluciones para necesidades básicas, el Estado provincial vuelve a mostrar que recursos hay. La pregunta es para quién.
El Expediente Nº 756/200-M-2026 DECRETO N° 1664/14 vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda para el Gobierno de Tucumán: cuando se trata de política, el dinero aparece. Según surge de la documentación, el movimiento Libres del Sur, encabezado por Federico Augusto Masso, solicitó al Tesoro General de la Provincia el otorgamiento de un subsidio.
El pedido terminó traducido en una cifra concreta: $29.430.000 de fondos públicos.
La resolución dispone otorgar a 386 personas una suma total de casi treinta millones de pesos, recursos que salen del erario provincial.
¿Cuáles son los criterios utilizados para determinar quién recibe estos recursos, bajo qué condiciones y qué mecanismo de control existe sobre el destino final del dinero?
Porque mientras desde distintos sectores se repite que las arcas provinciales están condicionadas, que no alcanza para atender todas las demandas sociales y que hay que administrar con austeridad, los expedientes oficiales muestran que para determinados sectores los recursos siguen apareciendo.
¿Austeridad para quién?
El problema no es solamente la cifra. Es el criterio político detrás de la distribución de los recursos públicos.
Tucumán tiene familias que reclaman viviendas, vecinos afectados por inundaciones, personas que necesitan asistencia urgente y trabajadores que enfrentan cada mes el desafío de llegar a fin de mes. Sin embargo, cuando una organización política presenta un pedido, aparece un expediente, se tramita y finalmente se autorizan $29,4 millones del Tesoro provincial.
La pregunta inevitable es si el Estado está utilizando los recursos públicos con criterios objetivos, transparentes y universales, o si determinados vínculos políticos terminan teniendo una vía privilegiada para acceder a fondos estatales.
Porque los recursos pertenecen a todos los tucumanos. No son patrimonio de un gobierno, de un partido ni de una organización política.
La política siempre encuentra una puerta abierta
El caso vuelve a alimentar una sensación que crece entre los ciudadanos: para algunos, el Estado está cerrado; para otros, la puerta parece abrirse con facilidad.
Mientras un vecino puede pasar meses reclamando una solución habitacional o asistencia básica, otros aparecen incluidos en listados que terminan recibiendo millones de pesos provenientes del Tesoro provincial.
Y eso exige explicaciones.
No alcanza con publicar un número de expediente. La transparencia real implica explicar por qué se entrega el dinero, quiénes son los beneficiarios, qué necesidad concreta justifica el subsidio, cómo se verificará su utilización y qué organismo controlará que cada peso llegue efectivamente a quien corresponde.
En una provincia donde permanentemente se habla de restricciones presupuestarias, este tipo de decisiones deberían estar acompañadas por máxima transparencia y rendición de cuentas.
Porque si el Estado dice que no hay plata para resolver las necesidades de los tucumanos, pero encuentra $29.430.000 para entregar mediante un pedido de una organización política, alguien debería explicar la contradicción.
En Tucumán, aparentemente, plata hay. La discusión es quién la consigue, quién la administra y quién queda afuera.
