Por Redacción Central La Pluma Viral.
En los pasillos de la Caja Popular de Ahorros, el eco de esa supuesta austeridad prometida por el flamante directorio se diluye rápidamente ante el peso de los nombramientos políticos.
La paradoja salta a la vista cuando se analiza el aterrizaje de la abogada Sandra Elizabeth Suasnabar, quien llegó a la institución de la mano de los interventores Guillermo Norry y Antonio Bustamante, tras una escala previa en el Subsidio de Salud área de Legales.
La incorporación se hizo con categoría 5 y sin una necesidad real, teniendo en cuenta la sobrada cantidad de abogados de vasta trayectoria que ya forman parte de la planta permanente, y coronada con un sueldo jerárquico que varios millones cercanos a los 9 millones de pesos. Para la ciudadanía que sostiene el Estado con su esfuerzo diario, la promesa de achicar el gasto público se transforma, una vez más, en una elegante puesta en escena que oculta el reparto de cargos de elite mientras la austeridad, al parecer, rige solo para los de abajo.
Pero el caso de la funcionaria no se agota en lo oneroso de su designación, sino que entra de lleno en el terreno de las incompatibilidades funcionales y los interrogantes éticos a través de una cronología escandalosa.
El 26 de febrero, mediante la resolución 159, los interventores formalizaron su nombramiento en la Caja. Sin embargo, los registros demuestran que en abril y meses posteriores seguía registrando cobros y aportes de la Municipalidad de Alberdi por montos cercanos a $ 1.020.000. Ante la cruda materialidad de las transferencias bancarias y los aportes previsionales, el argumento oficial del «error técnico» choca de frente con la realidad, evidenciando que la beneficiaria lograba multiplicar sus ingresos mientras el contribuyente tucumano pagaba la fiesta por duplicado.
Lo grave es que esta dualidad no fue un simple detalle administrativo, sino que arrastró consecuencias humanas extremas. Tal como refleja el testimonio de la empleada municipal Pereira, quien decidió romper el silencio, fue víctima de una campaña sistemática de hostigamiento y persecución impulsada por Suasnabar. Lo insólito es que este apriete laboral ocurrió cuando esta última ya cumplía funciones oficiales en la Caja Popular. Lejos de desvincularse de su anterior órbita, Suasnabar continuó operando en la sombra como instructora sumarial de la Municipalidad de Alberdi, con actuaciones fechadas llamativamente el 22 de junio, con el objetivo evidente de intentar silenciar a la trabajadora y fabricarle cargos falsos acusándola infundadamente de filtrar casos sensibles de discapacidad a las redes sociales.
Censura al periodismo de investigación. Es el manual clásico del aparato estatal puesto al servicio de la persecución interna: sumarios que no buscan hacer justicia, sino disciplinar a los honestos y blindar a los protegidos del poder.
Cuando el periodismo de investigación se anima a mostrar los papeles y poner la documentación sobre la mesa —como hizo Roque Galeano al frente de El Avispero respondiendo al aire y con pruebas categóricas a la carta documento enviada por la funcionaria para intentar amedrentarlo—, la reacción del poder busca la censura y la intimidación judicial. Galeano no dio marcha atrás, ratificó los términos de la denuncia y exhibió nueva documentación oficial que desarma cualquier intento de silenciar el escrutinio público sobre el manejo de los fondos estatales.
Y es aquí donde el panorama se vuelve oscuro, porque mientras el periodismo de trinchera expone las contradicciones con pruebas en la mano, el silencio institucional espanta. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) brilla por su ausencia ante los embates jurídicos y las cartas documento que buscan condicionar la labor de los comunicadores en la región, un mutis que también salpica a figuras locales como el periodista tucumano José Romero Silva —quien además se desempeña como monitor de libertad de expresión de la entidad en la provincia—, cuya omisión ante este tipo de aprietes institucionales evidencia una preocupante falta de solidaridad gremial.
La libertad de expresión no es un adorno retórico para los discursos decorativos; es el último y único freno que le queda al ciudadano frente a una casta que cree que el Estado es un botín propio. Si el periodismo se calla ante el apriete de una funcionaria que cobra doble sueldo mientras persigue empleados, la democracia se vacía de contenido para convertirse en una mera puesta en escena destinada a mantener a los mismos de siempre en el poder.
