La frase de Fátima Cardozo resume el drama que atraviesa una familia de Graneros y expone, una vez más, la distancia entre las necesidades urgentes de los vecinos y las respuestas que reciben desde el poder municipal.
Cardozo es una de las diez vecinas imputadas luego de participar de protestas en reclamo de asistencia tras las inundaciones que golpearon a la zona. Según denuncia, hasta el momento no recibió una respuesta concreta de la Municipalidad.
La situación de su madre, de 64 años, es especialmente preocupante.
De acuerdo con el relato de Fátima, después de las inundaciones comenzó a sufrir ataques de pánico y problemas de presión. Actualmente utiliza pañales porque la familia no cuenta con un baño en condiciones.
“No pido una mansión”, insiste la mujer. “Solo una piecita y un baño para mi mamá”.
El pedido no parece excesivo. No reclama privilegios, comodidades ni una vivienda de lujo: reclama condiciones mínimas de dignidad para una mujer de 64 años.
La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿cuánto puede costar para el Estado municipal construir un módulo habitacional básico con un baño para una familia que quedó expuesta después de una inundación?
La falta de respuestas oficiales, si se confirma lo denunciado por la vecina, resulta difícil de justificar. Más aún cuando quienes gobiernan administran recursos públicos precisamente para atender las necesidades de la comunidad.
Dos realidades que generan indignación
El reclamo de Fátima adquiere todavía mayor repercusión en medio de los cuestionamientos que rodean a la intendenta Raquel Graneros, quien fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de una propiedad valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, en Yerba Buena.
Se trata de una denuncia que deberá ser investigada por la Justicia y cuya eventual responsabilidad no puede darse por acreditada de antemano.
Pero el contraste político es inevitable y merece ser discutido públicamente.
De un lado, una vecina asegura que no consigue asistencia para algo tan elemental como un baño y una habitación digna para su madre.
Del otro, la máxima autoridad municipal enfrenta cuestionamientos judiciales vinculados con la adquisición de una propiedad de altísimo valor.
La política podrá intentar explicar los números, los expedientes y las circunstancias. Pero hay algo que resulta mucho más sencillo de comprender: una mujer pide un lugar digno para que su madre pueda vivir y asegura que nadie le responde.
Graneros necesita respuestas, no silencio.
Porque cuando una vecina tiene que salir públicamente a decir que “no pide una mansión”, el problema ya no es solamente habitacional. Es un problema de prioridades. Y también de sensibilidad.
