El Gobierno nacional redobla su apuesta en medio de la controversia generada por el supuesto pago de coimas y la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Bajo el sugerente título “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, el oficialismo envió al Senado un proyecto que busca reformar de raíz la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que el Ejecutivo mantiene paralizada pese a los dictámenes en contra de la Justicia.
El objetivo central del proyecto es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley N° 27.793. Según los especialistas, buena parte de estos artículos garantizaban la universalidad de la ayuda, por lo que la nueva iniciativa retrotrae el escenario al modelo previo a la sanción de la Emergencia, restringiendo el alcance y redefiniendo quiénes califican para recibir asistencia estatal.
Reempadronamiento y riesgo de bajas automáticas
Para implementar este recorte del universo de beneficiarios, el texto oficial exige un reempadronamiento obligatorio para todos los actuales titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales.
El proyecto es tajante respecto a las consecuencias: «Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la posterior baja del beneficio».
Para ejecutar esta auditoría, el Gobierno implementará un severo sistema de fiscalización que cruzará datos entre la ANSES, ARCA (ex AFIP) y el SINTyS. Ante la menor incompatibilidad o inconsistencia detectada de manera objetiva en estos cruces, el Estado estará facultado para suspender la pensión de manera «preventiva», aunque se garantizará el derecho a defensa en el proceso.
Prohibición de trabajo formal y fin de la inclusión
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es su impacto en el ámbito laboral. La norma establece una «incompatibilidad absoluta» entre cobrar la pensión y tener cualquier tipo de empleo formal o inscripción en regímenes laborales.
De aprobarse, se eliminará la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado sin perder inmediatamente la ayuda estatal. Pero la motosierra no se detiene allí: el texto también suprime los incisos que otorgaban beneficios a las empresas que contrataban a personas con discapacidad, borrando de un plumazo los programas de inclusión y promoción laboral vigentes.
Ajuste y desregulación en la salud
En materia económica y sanitaria, la propuesta de La Libertad Avanza introduce cambios drásticos:
Monto congelado: fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la facultad del Ejecutivo de otorgar aumentos extra en concepto de invalidez laboral o por residir en zonas geográficas desfavorables.
Desregulación de las prestaciones: suprime el piso mínimo de calidad y los aranceles homogéneos a nivel nacional. Al autorizar convenios entre la Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para distribuir los fondos, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.
Fin de la actualización: el nuevo proyecto suprime la actualización automática trimestral por IPC para los aranceles de las prestaciones. Ahora estarán atados a la evolución del haber mínimo, dejando el ajuste por inflación (IPC) únicamente como una «compensación de emergencia» en casos de severas demoras.
El ingreso de la norma por el Senado responde a una estrategia política directa: en la Casa Rosada entienden que conseguir una mayoría allí será más sencillo que en la Cámara de Diputados. No obstante, se espera que el debate genere una fuerte tensión con los bloques «dialoguistas» que, apenas el año pasado, habían levantado la mano para votar a favor de la Emergencia.
