En una jornada que marca un nuevo hito en la crisis institucional de la provincia, se confirmó que el Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Casal, ha recepcionado formalmente la denuncia presentada por la abogada Myriam Inés Costilla. La presentación solicita la apertura de una investigación para la posible remoción de su cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, Expediente CUDAP OFIC-MPF:835/2026.
La denuncia surge como respuesta directa al reciente archivo de la causa del «desfalco a municipios y comunas». Esta investigación, iniciada originalmente por la PROCELAC, indaga el retiro por ventanilla de casi $40.000 millones en efectivo de las arcas municipales tucumanas sin documentación respaldatoria aparente.
Los Puntos Clave del Conflicto Judicial
El fiscal Vehils Ruiz, determinó a finales de marzo de 2026 la “inexistencia de ilícitos” en las extracciones millonarias. Según el fiscal, aunque hubo una «cierta displicencia» administrativa, los hechos no alcanzaban la entidad de una conducta penal.
La Denuncia de la letrada Myriam Costilla sostiene que el fiscal «no profundizo en el análisis de evidencias sobre posible lavado de activos”, permitiendo que la investigación se extinguiera en un cajón de tribunales. En su presentación ante la Procuración, califica la situación de Tucumán como de «colapso institucional» y «anomia institucional».
Pese al archivo, informes previos detallaron maniobras sospechosas, como el retiro de $330 millones apenas dos días antes de los comicios de junio de 2023 y extracciones de $340 millones en un solo día.
La denunciante solicita que se aparte a Vehils Ruiz y se designe a un funcionario que «no tenga miedo de investigar fondos públicos». Además, invoca la custodia federal para su persona debido a la gravedad de los hechos denunciados, que involucran a las máximas figuras del poder provincial.
Contexto de la Investigación
La causa archivada por el Fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz seguirá siendo investigada en Comodoro Py a fin de conocer cuál fue el destino de fondos que aterrizaban en cuentas municipales desde la Provincia o fideicomisos y eran retirados casi inmediatamente por ventanilla. Localidades como La Banda del Río Salí (con $17.000 millones esfumados) y Famailla ($11.000 millones desaparecidos bajo la gestión de «Los Mellizos») y Lules son focos centrales de la pesquisa.
Ahora, la pelota está en el terreno del Procurador General de la Nación, quien deberá decidir si existen elementos suficientes para iniciar un proceso de remoción o sanción contra el fiscal federal por su actuación en este caso que conmueve a los 1.800.000 habitantes de Tucumán.
