Por Redacción Central La Pluma Viral
Hablemos claro, sin anestesia y sin las indirectas de sobremesa con los que se maneja la corporación forense en nuestra provincia. Mientras un ciudadano de a pie, un vecino de carne y hueso como Don Hugo Aldo Santillán, tiene que recorrer miles de kilómetros y golpear los fríos pasillos de Comodoro Py para plantar bandera contra los atropellos del poder local —con causa penal firme caratulada SANTILLÁN, HUGO ALDO c/ JALDO, OSVALDO FRANCISCO s/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (Art. 248), un expediente que lleva el número CFP 3367/2026 y que tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 11, Secretaría N° 21, por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público mediante la tristemente célebre ley provincial 9987—, y que gracias a su gestión será investigado por el Juez Federal Criminal y Correccional Ercolini ¿qué hace el Colegio de Abogados de Tucumán?
El juez federal Julián Ercolini investiga a Osvaldo Jaldo por abuso de autoridad.
Bueno, el CAT hace lo que mejor sabe hacer: mirar para otro lado, especular, sacar algún comunicado tibio redactado en código notarial para no enojar al poder de turno y llegar tarde, siempre tarde, cuando el daño ya está consumado. Otra cosa que sabe hacer muy bien, organizar cenas y festejos con los poderosos e influyentes del momento, a los abogados se invita en otro momento.
CAT y el show del «estado de alerta» (pero con los bolsillos y los convenios a salvo).
Hace unos días nos enteramos de que la conducción del Colegio de Abogados se dignó a «preparar» una acción de inconstitucionalidad contra las leyes que modificaron la Ley Orgánica de Tribunales y el Código Procesal. ¡Miren qué valentía! ¡Qué osadía republicana!
Anuncian en potencial que tal vez, si las estrellas se alinean y ningún juez amigo se enoja, encomendarán al prestigioso abogado constitucionalista Christian Alberto Cao presentar un planteo. ¿Con el dinero de sus socios?, No hay un experto en Tucumán que pueda defendernos?
¡Por favor! Nos toman de tontos.
¡Si ya amanecimos con «divorcios» exprés en los juzgados de paz y con un descalabro institucional monumental! Mientras el poder político avanza con leyes a medida que dinamitan la seguridad jurídica y pisotean la garantía del juez natural, los próceres del CAT encabezados por el mediador Alberto López Domínguez analizan si conviene o no redactar el escrito antes del partido de los viernes.
Captura de un momento de la Audiencia en el juicio contra OGA cuya actora es Dra. Myriam Costilla. El CAT miente, miente, que algo queda… y el silencio también se cobra.
¿Y saben qué es lo peor de todo?, la doble moral corporativa.
Cuando la Dra. Myriam Costilla se animó a iniciar una acción judicial contra la escandalosa Oficina de Gestión Asociada (OGA) —una estructura montada por acordada que crea cargos jerárquicos a dedo, sin concursos previos, empleados que reportan directo a la Corte para vaciar de poder a los jueces naturales y transformar la justicia en un manoseo de oficina—, el Colegio de Abogados brilló por su ausencia. Más aún: lejos de respaldar a la letrada que pelea por la transparencia institucional, la estructura colegiada se puso a la par del poder judicial y ejecutivo, mirando de costado y dejando sola a una profesional que se anima a enfrentar el aparato.
¡Una vergüenza absoluta!
En la provincia del «monarca» Jaldo, donde los tres poderes se funden en una sola persona entre aplausos obsecuentes y legisladores que levantan la mano a control remoto, la justicia se ha convertido en un conventillo feudal. Los jueces callan para conservar la quintita, los operadores políticos hacen negocios y la Constitución se usa como pisapapeles.
Osvaldo Jaldo es de todos los hombres que gobernaron Tucumán, el rey de la pauta. (Imagen representativa de IA).
Por suerte, como bien demuestran los ciudadanos comunes que ya no le temen al aparato, hay quienes se animan a romper el cerco mediático y judicial. Comodoro Py ya tomó nota de que en Tucumán la división de poderes es un chiste de mal gusto.
A los directivos del Colegio de Abogados les queda grande el saco de defensores de la ley.
La historia los juzgará por su complicidad pasiva. Nosotros, mientras tanto, seguiremos informando. Aunque duela.
