Redacción del Diario La Pluma Viral
La Municipalidad de Banda del Río Salí recibió una asistencia financiera de $4.238.703.912,65. El dato es oficial y surge del Expediente N.º 1679/222-B-2026, instrumentado mediante el Decreto N.º 1.809/3. Pero detrás de semejante cifra aparece una pregunta que no debería incomodar a nadie que crea en la transparencia:
¿Quién controla al poder cuando se trata de administrar miles de millones de pesos públicos?
Hay números que obligan a detenerse.
$4.238.703.912,65.
Esa es la cifra de la asistencia financiera destinada a la Municipalidad de Banda del Río Salí. No son millones abstractos. Es dinero público, recursos que salen de las arcas del Estado y que, por lo tanto, deberían estar acompañados por controles estrictos, información detallada y una rendición de cuentas que permita a cualquier ciudadano saber por qué se otorga, para qué se utiliza y cómo se controla cada peso.
El expediente que instrumenta la asistencia vuelve a colocar bajo la lupa a la administración municipal encabezada por Gonzalo Monteros, hijo del ministro del Interior, Darío Monteros.
¿Asistencia financiera o privilegio del poder?
Nadie debería cuestionar automáticamente una asistencia financiera solamente porque el municipio beneficiado esté conducido por determinada familia política.
Pero tampoco debería aceptarse que la enorme magnitud de los fondos públicos pase sin preguntas.
La legalidad de un decreto es apenas el comienzo de la discusión. La verdadera pregunta es qué sucede después: qué destino tienen los fondos, qué obligaciones se cancelan, qué mecanismos de control intervienen y cómo se informa a los ciudadanos sobre su utilización.
Cuando hablamos de más de $4.238 millones, mirar para otro lado deja de ser una opción.
Mientras tanto, la realidad golpea a los tucumanos
La contradicción resulta difícil de ignorar.
Mientras un municipio consigue un oxígeno financiero de más de $4.238 millones, miles de familias tucumanos enfrentan todos los días una economía que les exige hacer malabares para llegar a fin de mes.
Hay hogares que deben elegir qué pagar. Familias que acumulan deudas, trabajadores que necesitan más de una actividad para sostener sus ingresos y tucumanos que llegan al límite de sus posibilidades para poder comprar alimentos y afrontar servicios básicos.
En una provincia donde a muchas familias les cuesta pagar la luz y llenar la heladera, cuatro mil doscientos treinta y ocho millones de pesos no pueden ser tratados como una cifra más dentro de un expediente administrativo.
Son recursos que pertenecen a todos.
Y precisamente por eso merecen respuestas.
La familia Monteros y la concentración del poder
La presencia de Gonzalo Monteros al frente del municipio, mientras su padre ocupa un lugar central en el Gobierno provincial, vuelve inevitable el debate sobre la concentración familiar del poder político.
No se trata de afirmar que exista una irregularidad simplemente por esa relación familiar. Se trata de plantear una cuestión institucional mucho más profunda:
¿Cuáles son los controles cuando quienes administran recursos públicos pertenecen a un mismo núcleo de poder político?
La democracia no debería funcionar a partir de silencios convenientes.
Tampoco debería existir una prensa que solamente levanta la voz cuando el protagonista no tiene poder para responder.
El silencio también es una pregunta
Y aquí aparece otro capítulo incómodo: el papel de los medios de comunicación.
Cuando están en juego miles de millones de pesos públicos, el periodismo debería preguntar, investigar, contrastar documentos y exigir explicaciones. No esconderse.
No mirar hacia otro lado.
No convertir la pauta oficial en una mordaza.
Porque si un medio de comunicación evita investigar al poder por temor a perder recursos publicitarios, entonces el problema deja de ser solamente político: «Se convierte también en un problema de calidad democrática».
La ciudadanía tiene derecho a saber.
Tiene derecho a preguntar.
Tiene derecho a conocer quién recibe recursos públicos y bajo qué condiciones.
$4.238 millones y pocas preguntas
Ese es el verdadero escándalo que debería preocuparnos.
No solamente el número.
La falta de preguntas.
¿Qué destino específico tendrán los $4.238.703.912,65?
¿Por qué fue necesaria esta asistencia?
¿Qué obligaciones serán atendidas?
¿Quién controlará la utilización de los fondos?
¿Habrá rendición pública y detallada?
¿Podrán los ciudadanos acceder a la documentación que permita verificar el destino final del dinero?
Son preguntas simples. Pero cuando se habla de recursos públicos, son preguntas imprescindibles.
Porque el dinero del Estado no tiene dueño político.
Es dinero de los tucumanos.
Y cuando una familia debe vender bienes para poder comer mientras una administración municipal obtiene una asistencia de más de cuatro mil millones de pesos, la discusión sobre las prioridades del Estado deja de ser política y pasa a ser profundamente social.
La pregunta ya está instalada: ¿se trata simplemente de asistencia financiera o estamos frente a otra muestra de cómo el poder político puede conseguir oxígeno mientras la sociedad sigue ahogada?
Ahora corresponde que quienes administran esos fondos respondan.
Y que quienes tienen la obligación de informar —funcionarios, organismos de control y medios de comunicación— hagan su trabajo.
Porque en democracia, el poder no se controla con silencio. Se controla con preguntas.
