Los médicos de cabecera del PAMI en Tucumán iniciaron este lunes un paro total de actividades por 72 horas en un contundente rechazo a una reciente resolución nacional que, según denuncian, recorta drásticamente sus honorarios. La medida afecta de manera directa a miles de jubilados en la provincia, aunque los profesionales nucleados en el gremio APPAMIA garantizaron que se mantendrá la cobertura exclusiva para casos de urgencia, de acuerdo con el criterio profesional vigente.
El doctor Jorge Bucheri, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera de PAMI, advirtió sobre la gravedad del conflicto en la provincia, donde prestan servicio alrededor de 300 médicos. «La medida es por 72 horas, asegurando las urgencias, pero si no se soluciona hasta el día miércoles, va a ser por tiempo indeterminado», sentenció.
La «trampa» de la Resolución 1107 y el impacto salarial
El malestar del sector se terminó de desatar el último jueves tras el dictado de la Resolución 1107/2026 por parte del PAMI nacional. La normativa decreta la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, incorpora más prestaciones dentro de un pago fijo y elimina el incentivo económico a la formación profesional. Desde la central gremial denuncian que la medida fue inconsulta y aplicada con retroactividad al mes de abril.
En la práctica, Bucheri explicó cómo funciona el ajuste: «El PAMI ha aumentado la cápita de $1.000 a $2.100 por paciente, pero a la misma vez ha reducido los códigos de consulta. Eso significa un recorte que representaría entre un 40% y un 50% de los ingresos del médico de cabecera».
A nivel nacional, desde APPAMIA le pusieron números concretos a este desplome: advierten que un médico con dedicación de jornada completa pasará de cobrar $2.100.000 a apenas $1.400.000. Ante este escenario, los profesionales sostienen que es imposible afrontar los gastos fijos de un consultorio (alquiler, secretaría, servicios) con ingresos reducidos a la mitad. Por ello, el gremio presentó una contrapropuesta exigiendo un pago de $6.500 por paciente, basado en los costos reales para sostener una atención digna.
Estrés crónico, sistema colapsado y despidos encubiertos
La situación en los consultorios tucumanos y del resto del país es descrita por el sector como «estresante». Los médicos deben atender a un paciente cada 20 minutos y validar la consulta en tiempo real. Sin embargo, las quejas apuntan a que el portal informático del PAMI suele colapsar durante el día, obligando a los profesionales a cargar las validaciones a altas horas de la noche para evitar que el sistema rechace la consulta por quedar fuera de rango horario. A esto se le suma la carga operativa de preparar recetas para pañales, gestionar derivaciones, pedir internaciones y realizar visitas domiciliarias, las cuales ahora también sufren restricciones en su facturación, según confirmó Bucheri.
El plan de lucha nacional también exige la reincorporación de profesionales cesanteados sin causa. Desde el gremio argumentan que el PAMI impone exigencias propias de una relación de dependencia encubierta (cumplimiento estricto de horarios, dedicación exclusiva y prohibición de tomar vacaciones sin dejar un reemplazo), y que los médicos que iniciaron reclamos judiciales pidiendo su regularización laboral terminaron siendo despedidos.
Odontólogos en rojo: cobran $374 por paciente
Mientras los médicos de cabecera tucumanos aseguran estar al día con los pagos previos a esta resolución, el panorama es dramático para los odontólogos prestadores de PAMI. Bucheri reconoció en Los Primeros que el sector mantiene deudas de arrastre, una situación que refleja un desfasaje económico alarmante en todo el país.
Según reportes del sector, a los odontólogos se les abonó recién a mediados de marzo lo adeudado de ese mismo mes, pero aún no han cobrado las prestaciones correspondientes a diciembre.
El cuadro de situación roza lo insostenible: cobran $374 por paciente, mientras que el costo operativo básico para brindar atención de complejidad es infinitamente superior (solo un cartucho de anestesia ronda los $1.000). Tras denunciar que deben poner dinero de sus propios bolsillos para sostener la actividad, los profesionales de esta especialidad mantienen una retención de tareas desde hace un mes.
