Tucumán enfrenta una paradoja cruel: mientras sus ciudadanos pierden todo bajo el agua año tras año, la provincia sostiene la estructura legislativa más costosa de la Argentina.
Tucumán no sufre catástrofes naturales; sufre las consecuencias de una clase política que ha decidido, durante décadas, priorizar sus privilegios sobre la seguridad de su pueblo. La reciente noticia de que se utilizarán fondos que iban destinados a la Legislatura para financiar el plan hídrico no es un acto de generosidad, sino la confesión de un abandono histórico que tiene nombres, apellidos y cifras escandalosas.
El Plan que pudo evitarlo todo: 30 años de «Cajoneo»
La evidencia de que las inundaciones actuales son evitables es irrefutable. Ya en 1994, bajo la gestión del entonces vicegobernador Julio Díaz Lozano, se elaboró un Plan Hídrico Integral.
Un trabajo de excelencia técnica en el que participaron ecologistas, especialistas en suelos e ingenieros hidráulicos de primer nivel, incluyendo expertos de la ex Agua y Energía que aportaron estudios de 237 tomos con datos acumulados durante tres años sobre las cuencas.
Lo más doloroso es que estos especialistas no cobraron un solo peso por su trabajo. El plan estaba diseñado para ser ejecutado en 20 años y hubiera evitado el drama que hoy viven miles de tucumanos cada vez que llueve.
La Legislatura volvió a «descubrir la pólvora» sancionando una ley para declarar de interés provincial el Plan Hídrico Estratégico
Mas cercanamente se puede mencionar el fracaso de la Ley 9.209: En diciembre de 2019, la Legislatura volvió a «descubrir la pólvora» sancionando una ley para declarar de interés provincial el Plan Hídrico Estratégico.
Este plan, desarrollado por una Comisión Especial de Emergencia Hídrica en convenio con la Universidad Nacional de Tucumán, ya incluía, un diagnóstico detallado de la cuenca Marapa-San Francisco, un plan de contingencia específico para la localidad de Lamadrid.
A pesar de tener el marco legal y técnico listo hace casi siete años, la provincia ha seguido sufriendo temporales que obligan a habilitar decenas de escuelas como centros de evacuados mientras las obras de fondo permanecen en el listado de «pendientes».
Inundaciones como consecuencia de años de desidia política y “displicencia” en el manejo de fondos, tal como sentencio el Fiscal Federal Vehils Ruiz al desfalco denunciado por sus propios pares de la PROCELAC
La «Banca de Oro» vs el barro de los pueblos inundados
Mientras los proyectos técnicos juntan polvo, el Plan Hídrico de 2019 dormía en los despachos, el presupuesto legislativo no ha parado de crecer hasta alcanzar cifras escandalosas. Tucumán ostenta hoy la Legislatura más cara del país:
El costo obsceno de cada uno de los 49 legisladores le cuesta a los tucumanos $2.735 millones anuales. Esto equivale a una «hemorragia» de $228 millones mensuales por cada representante.
Un legislador en Tucumán cuesta 6 veces más que uno en Jujuy. No hay justificación técnica ni administrativa para este abismo, solo el mantenimiento de una estructura parasitaria.
El presupuesto total de la Legislatura es de $134.037 millones, un «agujero negro» de recursos que equivale al 44% de toda la inversión en obra pública de la provincia. Por cada dos pesos que se destinan a rutas, escuelas u hospitales en la provincia, casi un peso se lo lleva el mantenimiento de los legisladores.
Es profundamente cínico que el gobierno anuncie ahora que el plan hídrico se financiará con fondos que originalmente iban a ser usados para restaurar el viejo edificio de la Legislatura. Presentar el uso de estos recursos como un «acuerdo transversal» para mitigar inundaciones es una burla: están usando “migajas” de su propio confort para intentar apagar un incendio que ellos mismos provocaron por inacción.
El monto anunciado para estos nuevos estudios —estimado en unos 700 millones de pesos— es apenas una fracción mínima frente a los 228 millones de pesos mensuales que se queman solo en el mantenimiento de la estructura política por cada legislador provincial.
La inacción tiene un costo humano y económico en salud, bienestar y producción. Mientras la provincia gasta en una «Banca de Oro» que asfixia el presupuesto, los tucumanos siguen pagando con sus casas y sus vidas la negativa de la política a ejecutar los planes que ya existen desde hace 30 años.
La tragedia de La Madrid y las constantes inundaciones del sur tucumano no son solo climáticas; son el resultado de un modelo donde el bienestar de la aristocracia política se sostiene sobre el desfinanciamiento de la infraestructura básica. Financiar el Plan Hídrico con las «quitas» de una restauración edilicia no es un mérito, es la confesión de una prioridad invertida que ha costado demasiado caro a los tucumanos.
Tucumán tiene los técnicos, tiene los planes desde hace tres décadas y tiene el dinero. Lo que no ha tenido hasta ahora es una clase política dispuesta a dejar de mirarse el ombligo para empezar a mirar el cauce de los ríos.
