La causa por la agresión al diputado Federico Pelli vuelve a escalar en tensión. La querella solicitó una nueva audiencia tras los recientes reveses judiciales y se prepara para insistir con dos planteos clave contra el acusado, Marcelo «Pichón» Segura, imputado por lesiones graves agravadas por alevosía en Tucumán.
El pedido llega luego de que la Justicia concediera el arresto domiciliario al agresor, una decisión que generó fuerte rechazo en el entorno del legislador, quien debió ser intervenido quirúrgicamente tras el ataque.
El foco en la prisión domiciliaria
El principal objetivo de la querella es revertir el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado a Segura. La defensa había solicitado esta medida, que fue finalmente aceptada por el juez Raúl Robín Márquez, sin oposición del Ministerio Público Fiscal.
El magistrado dispuso que el imputado cumpla una prisión preventiva de cuatro meses en su domicilio, con vigilancia electrónica y controles policiales sorpresivos, lo que despertó cuestionamientos por parte de la parte acusadora.
Críticas a la decisión judicial
Desde la querella fueron contundentes: consideran que la medida no se corresponde con la gravedad del hecho investigado. En ese sentido, cuestionaron la «morigeración de la medida de coerción», al entender que el ataque reviste características que ameritan una respuesta más estricta.
El malestar también se vincula con el impacto institucional del caso, al tratarse de una agresión contra un funcionario público en ejercicio.
Qué se define en la próxima audiencia
La nueva audiencia será determinante para el rumbo del proceso. Allí, la querella buscará no solo endurecer las condiciones de detención de Segura, sino también influir en la vía procesal que seguirá la causa.
Según trascendió, lo que se resuelva podría definir si el expediente avanza hacia un juicio abreviado o si se encamina a un juicio plenario, con mayor exposición pública y desarrollo probatorio.
Un caso que pone en juego la percepción de justicia
Más allá de lo judicial, el caso ya tiene un fuerte impacto político e institucional. La resolución final será observada de cerca, ya que podría sentar un precedente sobre cómo se abordan las agresiones contra dirigentes políticos en Tucumán.
Mientras tanto, la domiciliaria de Segura se mantiene vigente, en un contexto donde crecen las dudas y la presión para que la causa tenga un desenlace acorde a la gravedad de los hechos.
