En el contexto del tratamiento del proyecto de Ficha Limpia en la Legislatura de Tucumán, la reciente presentación de la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, ha abierto un nuevo capítulo en el debatido vínculo entre la política y la justicia.
Aunque el proyecto busca establecer límites claros para el acceso a cargos públicos en caso de condenas judiciales, la crítica no ha tardado en surgir, apuntando a la lentitud judicial, el blindaje político y la crisis de impunidad que afecta a las provincias del Norte Argentino.
El especialista Alfredo Aydar no perdió la oportunidad de cuestionar al legislador Gerónimo Vargas Aignasse, recordándole su pasividad ante situaciones graves como el caso del abusador José Orellana, quien compartió recinto con Vargas Aignasse sin que jamás lo cuestionara, mientras Aydar fué desde el llano, el impulsor de la expulsión de José “Mellizo” Orellana de su banca .
Aydar instó a Vargas Aignasse a poner en práctica políticas que realmente beneficien a los tucumanos, sugiriendo que el verdadero cambio radicaría en la gestión de obras esenciales para evitar inundaciones, gestiones que debió realizar mientras estuvo a cargo del ente hídrico ENOHSA y al parecer no fueron exitosas, en lugar de distraer la atención con propuestas que, aunque bien intencionadas, parecen desvirtuadas por el contexto de impunidad que impera.
La Fiscal de Estado, al abogar por una legislación que pretendería restaurar la confianza social, parece ignorar las raíces profundas de este deterioro.
La lentitud del sistema judicial federal, sumada a un blindaje político palpable, ha permitido que ciertos sectores de la política tucumana acumulen patrimonios exorbitantes sin un adecuado análisis o investigación.
Este fenómeno, que se ha convertido en un sello distintivo de la impunidad, cuestiona la efectividad de cualquier proyecto que aspire a regular el acceso a espacios de poder.
Asimismo, el control de los medios de comunicación y la sumisión de jueces y fiscales, temerosos de represalias políticas o juicios políticos, generan un ambiente donde es difícil imaginar la aplicación real de cualquier iniciativa que promueva la transparencia.
La propuesta de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia me parece un avance necesario, pero carente de sustento sin un compromiso real de desvinculación entre el poder político y los intereses privados, y un sistema judicial que funcione de manera ágil y eficaz.
Vargas Aignasse, en su propuesta de inhabilitaciones desde la primera instancia, refleja una postura más restrictiva cuya viabilidad debe ser analizada con cautela.
La urgencia de recuperar la confianza es indiscutible, pero cualquier avance debe ser respaldado por una reforma judicial que aborde la lentitud de los procesos, garantice la independencia del poder judicial y vete de fondo la cultura de la impunidad.
Si la clase política realmente desea reconstruir su vínculo con la sociedad, debe dejar de lado la legislación superficial y enfocarse en estructuras que realmente contemplen la ética, el respeto a los derechos y el bienestar ciudadano.
La crítica de Aydar, aunque dura, puede verse como un llamado a la acción para aquellos que buscan un cambio genuino y no simplemente un cambio de fachada.
El debate continúa en la Legislatura, pero es fundamental que los representantes políticos entiendan que la credibilidad no se restablece únicamente con leyes, sino con acciones concretas, transparencia real y una verdadera respuesta a las demandas sociales.
La provincia de Tucumán necesita más que un intento de Ficha Limpia; necesita un replanteo del sistema político y judicial que finalmente ponga fin al ciclo de corrupción y abuso de poder que tanto daño ha causado a sus ciudadanos.
