El 6 de junio de 2006 quedó marcado en el calendario institucional de la provincia como el día en que se sancionó la actual Constitución de Tucumán. Concebida en su momento bajo la hegemonía de José Alperovich -diseñada como un «traje a medida» para facultar su reelección-, el texto constitucional incluyó promesas de modernización y federalismo interno que, casi dos décadas después, se han convertido en letras muertas.
Dos ejes centrales del espíritu de aquella reforma, el voto electrónico y la autonomía municipal, permanecen hoy como asignaturas pendientes, víctimas de las conveniencias políticas y la estructura de poder vigente.
Voto electrónico: el archivo de una promesa
El Artículo 43, inciso 3º, de la Constitución es taxativo: «Se establece el sistema de votación electrónica». Incluso, la cláusula transitoria del Artículo 157 ordenaba que la ley reglamentaria debía aprobarse antes de finalizar el 2006. Nada de eso sucedió.
El incumplimiento recobró vigencia el 1 de marzo de 2024, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo, en la apertura de sesiones, prometió una reforma electoral profunda y no descartó tocar la Constitución. Bajo ese impulso, el vicegobernador Miguel Acevedo orientó la agenda legislativa de todo el año para estudiar la implementación de la boleta electrónica, emulando los modelos de Salta o la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, la modernización chocó con la «vieja guardia» del oficialismo. La resistencia del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y del ministro del Interior, Darío Monteros, terminó por sepultar la iniciativa. Hoy, el proyecto está archivado y Tucumán se encamina a seguir votando con el polémico sistema de acoples y boletas de papel.
La autonomía municipal: el «rehén» de los acuerdos fiscales
El Preámbulo de la Carta Magna tucumana invoca la garantía de la autonomía municipal como un objeto fundamental para organizar las instituciones. Sin embargo, la realidad financiera de las intendencias cuenta una historia opuesta.
La estrategia de Alperovich fue dual: mientras la Constitución consagraba la autonomía, en la práctica implementó el «Pacto Social» y el «Pacto Obras». Mediante estos mecanismos, los municipios cedían su coparticipación a la Provincia a cambio de que esta garantizara el pago de planillas salariales y obras públicas.
Esta estructura de dependencia fue perfeccionada por las administraciones siguientes: durante la gestión de Juan Manzur se prolongó bajo el nombre de «Pacto Fiscal». Actualmente, en este mandato, Jaldo lo rebautizó como «Acuerdo Fiscal Municipal».
Bajo estos nombres de «consenso», se esconde un régimen de sumisión económica que mantiene a municipios y comunas como rehenes del Poder Ejecutivo provincial. Sin manejo directo de sus recursos, la autonomía declarada en 2006 es, en la práctica, inexistente.
Un preámbulo de promesas incumplidas
A 20 años de aquella Convención Constituyente, el texto que debía «afirmar la autonomía, afianzar el federalismo y promover una democracia participativa» sigue siendo un recordatorio de la brecha entre la norma y la realidad. La distribución equitativa de la riqueza y la modernización del sufragio parecen haber quedado supeditadas a la necesidad de mantener el control político del territorio por sobre los mandatos de la Ley Fundamental.
¿Hacia dónde va la reforma? Aunque el reclamo por una Ley de Ética Pública y una reforma electoral sigue latente en la ciudadanía, el archivo de las discusiones en la Legislatura sugiere que, por ahora, el «traje de 2006» sigue siendo cómodo para quienes ostentan el poder.
