El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) resolvió observar con carácter de “formal oposición” un pago de $26.985.000 impulsado por la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos (SESMEP), área que conduce Carlos “Alito” Assán. La drástica medida se tomó tras detectar una serie de graves irregularidades tanto en el procedimiento de contratación de maquinaria como en la ejecución efectiva del servicio.
La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 1327, firmado el 28 de abril. Allí, el organismo de control no solo objetó la Resolución N° 58/SESMEP que autorizaba el millonario pago a la firma Coltrans SRL, sino que, además, ordenó la apertura de una comprobación sumaria para investigar a fondo los posibles perjuicios al Estado provincial.
El gasto cuestionado corresponde a servicios de maquinaria pesada (como camiones volcadores, retroexcavadoras y motoniveladoras) presuntamente prestados a fines de febrero. Este monto se inscribe en el marco de una contratación mucho más amplia que prevé desembolsos totales por más de $450 millones hasta el mes de junio.
Sospechas, «empresas fantasma» y firmas falsas
Uno de los puntos más sensibles señalados por el TC radica en el origen mismo de la licitación. Según el dictamen, el cotejo de precios utilizado como mecanismo de selección presenta “vicios sustanciales” que ponen en jaque su legalidad. Entre las anomalías más destacadas se encuentran:
Firmas apócrifas: la firma Petrolera Anva S.R.L., que figuraba como invitada a cotizar, desconoció haber participado del proceso, no reconoció la firma de su supuesto representante legal y negó haber presentado un presupuesto.
Domicilios inexistentes: el proveedor Maximiliano Rojano, también invitado a compulsar precios, ya se encontraba bajo la lupa del TC en otro expediente por tratarse de una firma con un domicilio inexistente.
Para el organismo de control, estos elementos “refuerzan la ausencia de una base fáctica regular para tener por válidamente cumplido el cotejo de precios”.
Diferencias millonarias por servicios no prestados
A las severas irregularidades administrativas se suman inconsistencias directas en la prestación del servicio. Los informes técnicos determinaron que la maquinaria utilizada en los espacios públicos no coincidía plenamente con la que figuraba en los contratos, lo que impactó directamente inflando el monto facturado.
Mientras la propia repartición de Assán reconoció una diferencia a favor del Estado de $4,1 millones, la auditoría del TC determinó que esa cifra es aún mayor: el perjuicio calculado asciende a $5.349.375 (un 28,34% por encima de lo estimado inicialmente).
El documento oficial, que lleva las firmas del presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, subraya que existió «una insuficiente verificación de los equipos efectivamente utilizados, lo cual derivó en la aprobación de una facturación en perjuicio del erario público». Además, el ente de contralor rechazó de plano una supuesta “nota de crédito” presentada por la empresa para compensar la diferencia, argumentando que carecía de validez fiscal y legal.
Un acto viciado y el inicio de un sumario
A partir de todos estos elementos, el Tribunal concluyó que el acto administrativo de la SESMEP presenta fallas de fondo insalvables. La resolución «aprueba el pago de una factura sobre la base de una prestación cuya liquidación no se corresponde plenamente», dictaminó el organismo.
En consecuencia, no solo se bloqueó la erogación de los casi $27 millones, sino que se dispuso la apertura inmediata de una investigación formal dentro de la repartición. El TC advirtió sobre la “posible continuidad objetiva de un mismo patrón procedimental irregular”, vinculando este caso con otros expedientes en curso. El objetivo de la pesquisa será determinar el daño final a las arcas provinciales y deslindar las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios intervinientes.
