En el complejo escenario judicial de Tucumán, dos nombres resuenan con fuerza: los casos de Paulina Lebbos y del Dr. Gustavo Morales. Ambos casos testigo en los cuales la labor de los letrados ha sido puesta en duda, sugiriendo que sus acciones (u omisiones) podrían haber facilitado la impunidad.
Sin embargo, estos casos no son hechos aislados, sino el síntoma de una profunda crisis en la profesión de la abogacía, donde la ética parece haber sido desplazada por la conveniencia política.
Caso Lebbos: La ausencia de la querella y el camino a la absolución
El juicio reciente por el crimen de Paulina Lebbos reveló un momento de quiebre. La crítica central recae sobre la Dra. Soledad Deza.
Abogada Soledad Deza, defensora del aborto, usa el símbolo del pañuelo color verde seria designada Defensora en el Ministerio Publico Fiscal –según dice Alberto Lebbos – próximamente el 14 de Mayo de 2026. No se habría caracterizado por organizar marchas para esclarecer los recientes femicidios ocurridos en Tucumán.
Según las denuncias, Deza no habría solicitado el rol de querellante para la hija de Paulina, una omisión técnica que Alberto Lebbos califica de «traición». Esta ausencia impide que la familia pueda apelar la eventual absolución de Sergio Kaleñuk, dejando la decisión final únicamente en manos del Ministerio Público Fiscal.
Lebbos vincula esta actuación con una futura designación de la abogada en el Ministerio Público Fiscal, bajo la órbita de Edmundo Jiménez, sugiriendo que la «defensa» fue funcional a los intereses del poder.
Foto de archivo del Dr. Gustavo Morales antes de ser sometido a tortura física en el Complejo Carcelario Benjamín Paz y en actual situación de tortura psicológica.
Caso Dr. Morales: Censura, fármacos y «tortura psicológica»
El caso del Dr. Morales presenta una agresividad institucional alarmante ya que el propio Osvaldo jaldo se encargó de comunicar públicamente su detención (llevado al Complejo Carcelario Benjamín Paz donde fue torturado).
En este contexto el abogado Diego Hernán Piedrabuena es identificado como el ideólogo de una «cláusula de censura» extrema, al que se encuentra sometiendo su defendido, sería el arquitecto de la actual situación de «tortura psicológica» y suplicio del Dr. Gustavo Morales quien no puede hablar por seis años y debe cuidarse de con quien entabla dialogo bajo pena de ir a prisión.
¿Imaginemos el miedo permanente al que está sometido este ciudadano de Tucumán?
Abogado Diego Hernán Piedrabuena, –exjuez que renuncio a la judicatura en medio de un escandaloso pedido de juicio político en su contra-, este abogado es el arquitecto de la cláusula de censura que debe soportar el Dr. Gustavo Morales. Morales es sometido a un “Experimento de tolerancia social” en relación a la tortura que soporta, similar a los campos de extermino que ordenaba Josseph Goebbels a los judíos, a quienes se imponía torturas físicas y el uso de la marca estrella amarilla de David portándola en señal de discriminación, ante la mirada de todo público.
La arquitectura de sus abogados recuerda a las atrocidades que cometía Gebbels en los campos de concentración judíos. ¡Si!, así como está escrito: esto ocurre en el Tucumán de hoy, contra un ciudadano y no sabemos ciudadanos cuantos desconocidos más estarán atravesando este estado de tortura.
Abogado Carlos Garmendia, miembro de la Comisión de Tortura en momentos en que el Dr. Gustavo Morales era torturado, seria familiar del Relator Andrés Garmendia bajo la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de Daniel Leiva.
Por otro lado, la actuación del Dr. Carlos Garmendia es cuestionable por guardar silencio, siendo testigo de la cuestionada colocación de una pulsera electrónica a Morales sin tener condena. Además, acompaño al prestigioso abogado penalista y crítico del gobierno de turno el Dr. Gustavo Morales, en la audiencia de condena y sometimiento a censura previa ideado por Piedrabuena.
Audiencia del 4 de Julio de 2025, Carlos Garmendia lleva al prestigioso abogado penalista Dr. Gustavo Morales a una audiencia en donde se ve a Morales, notablemente perdido y desmejorado. Un IMOCENTE condenado por delitos atípicos.
Imágenes y testimonios describen una audiencia dantesca: el Dr. Gustavo Morales, un profesional que aparece «desalineado, medicado y perdido», en un estado de evidente vulnerabilidad tras un encierro extremo al que había sido sometido sin que sus abogados invocaran a su favor las convenciones internacionales o convocaran al comité de tortura –del cual en ese momento era miembro Carlos Garmendia-, y obviamente con vicios absolutos de la voluntad el discernimiento, intención y libertad de Morales.
La gravedad del estado del Dr. Morales quedó en evidencia cuando, tras finalizar la audiencia, continuaba alegando ante un juez que debió recordarle que el acto había terminado. Los abogados, Piedrabuena y Garmendia jamás mencionaron la palabra «INOCENCIA» y permitieron que se juzgara Morales por delitos no tipificados penalmente.
Profesión en Crisis: Silencio del Colegio de Abogados de Tucumán
Lo que agrava este cuadro de «defectos de defensa» es la postura de los Colegios de Abogados de Tucumán, que parece «mirar hacia el costado» ante hechos de tal gravedad. La profesión atraviesa una crisis marcada por la precarización y una creciente mercantilización del ejercicio legal.
La “fachada”: Lo último que queda del Colegio de Abogados de Tucumán. Se lee en el vidrio de acceso” La abogacía es una función social al servicio del Derecho y de la Justicia” Art 1° Ley 5233), norma en desuso, al modo del olvido de los ciudadanos de Macondo, pueblo en el cual el olvido era tan grande que llegaron a poner carteles para no olvidar las cosas.
Frente a la sospecha de colusión entre abogados y el poder político-judicial, se advierte una falta de respuestas efectivas por parte del gremio colegiado. Al limitarse a una función administrativa y simbólica,” tibia” en momentos históricos de turbulencia el Colegio deja a los ciudadanos (y a los abogados honestos) desamparados. El silencio institucional es escandaloso ante la sospecha de que se usen fármacos para anular la voluntad de un acusado, o que se omitan pasos procesales básicos para beneficiar a «hijos del poder», ello convierte a esta institución en cómplice por omisión de la erosión del estatus profesional.
Esta red de encubrimiento y complacencia pone en jaque la independencia del sistema judicial, convirtiendo a la abogacía en una pieza más del engranaje que garantiza la impunidad estructural.
