Redacción Central de La Pluma Viral.
La pulseada por el financiamiento de las universidades nacionales vuelve a poner al Gobierno de Javier Milei frente a la Justicia. En el marco del reclamo por la efectiva aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, la Justicia rechazó el pedido del Ejecutivo para levantar la medida cautelar y le exigió al Estado que informe, con documentación respaldatoria, cuál es el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas.
La decisión mantiene vigente la medida cautelar y vuelve a colocar al Gobierno bajo presión para explicar qué hizo —y qué dejó de hacer— frente a una ley sancionada por el Congreso.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó que continuará impulsando todas las acciones institucionales y judiciales necesarias para conseguir la aplicación efectiva de la norma.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que el conflicto ya excede ampliamente la discusión presupuestaria. Según planteó, las universidades atravesaron las distintas instancias institucionales: el Congreso, la Justicia en primera y segunda instancia y la Corte Suprema, sin obtener todavía una respuesta que garantice el cumplimiento efectivo de la ley.
Una disputa que va más allá de las universidades
El planteo de las instituciones universitarias apunta al corazón del funcionamiento democrático: una ley aprobada por el Congreso no puede quedar sujeta a la voluntad política del Poder Ejecutivo.
Desde la FATUN endurecieron el mensaje y reivindicaron una consigna histórica: “Dentro de la Ley, todo. Fuera de la Ley, nada”.
La organización reclama no solo el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, sino también la recomposición salarial de las trabajadoras y trabajadores nodocentes, además de los recursos y derechos contemplados en la normativa para garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.
La disputa, así, dejó de ser exclusivamente presupuestaria. Para las organizaciones universitarias, lo que está en juego es si las leyes sancionadas por el Congreso tienen plena vigencia o si pueden quedar condicionadas por decisiones del Ejecutivo.
La ley está vigente. La cautelar continúa. La Justicia pidió explicaciones. Y el Gobierno Nacional deberá responder con documentación sobre su cumplimiento.
En democracia, la ley se cumple.
