La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó avanzar con medidas preliminares en la causa que investiga al presidente Javier Milei y a otros integrantes del Poder Ejecutivo por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida rumbo a Ecuador, en un episodio que derivó en denuncias judiciales.
La fiscal federal Paloma Ochoa había solicitado informes a distintos organismos públicos, entre ellos la Dirección Nacional de Migraciones, para determinar si se cumplió con la normativa vigente y si existió alguna irregularidad vinculada con los antecedentes penales, las condenas o los requerimientos judiciales que pudieran pesar sobre el dirigente brasileño.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Gabriel Solano, titular del Partido Obrero y exlegislador porteño, quien acusó al Gobierno nacional de presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
En su presentación, Solano sostuvo que el Ejecutivo habría organizado un operativo para facilitar la salida de Bolsonaro de Brasil y evitar que respondiera ante la Justicia de ese país. También pidió que se investigue la eventual participación de otros funcionarios y que se preserven registros migratorios, comunicaciones oficiales, planes de vuelo y órdenes de custodia.
Qué se investiga por el ingreso de Flávio Bolsonaro
Según la información difundida por la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas. El organismo indicó que el grupo presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales para ingresar al territorio argentino.
A las 23.30, la familia abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó su viaje hacia Estados Unidos.
La secuencia quedó bajo análisis luego de que trascendiera que la Justicia brasileña había dispuesto restricciones vinculadas con los documentos de viaje de Bolsonaro, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Uno de los puntos centrales del expediente será establecer si esas medidas judiciales dictadas en Brasil tenían efectos jurídicos que debieran ser aplicados en la Argentina y si las autoridades locales debían adoptar algún tipo de intervención.
Otras denuncias en la Justicia federal
El caso también dio lugar a otras presentaciones judiciales. Una de ellas fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano y tramita en la Justicia federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para reconstruir los movimientos de Bolsonaro y su familia.
Entre las medidas requeridas figuran datos sobre los registros migratorios en el puente internacional Tancredo Neves, los movimientos en el aeropuerto de Puerto Iguazú y la documentación correspondiente al vuelo privado utilizado para abandonar el país. La investigación busca establecer cómo se desarrolló el traslado y verificar los registros de pasajeros y los planes de vuelo.
Además, el diputado nacional Esteban Paulón presentó otra denuncia, que quedó inicialmente radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, en Comodoro Py. No se descarta que esa causa pueda acumularse con el expediente que tramita ante Capuchetti.
Con la decisión de la jueza de dar curso a las medidas solicitadas por Ochoa, la investigación buscará determinar si existieron irregularidades en el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro y si algún funcionario argentino incurrió en responsabilidades penales. Por el momento, las acusaciones forman parte de las denuncias y deberán ser esclarecidas durante el proceso judicial.
