Después de más de veinte años sin un organismo especializado, legisladores opositores impulsan una Fiscalía de Corrupción y Criminalidad Económica. La iniciativa puede convertirse en una herramienta institucional trascendente. Pero también encierra un riesgo enorme: si el cargo termina ocupado por un funcionario obediente, incapaz o políticamente condicionado, el organismo destinado a perseguir corruptos podría transformarse en una formidable maquinaria para proteger amigos, presionar denunciantes y perseguir adversarios.
Tucumán lleva más de dos décadas sin una Fiscalía Anticorrupción especializada.
No es un dato menor.
Es, posiblemente, una de las mayores anomalías institucionales de una provincia atravesada durante años por denuncias contra funcionarios, intendentes, legisladores, empresarios vinculados al Estado y estructuras políticas con enorme capacidad económica.
La antigua Fiscalía Anticorrupción nació en el año 2000.
Duró apenas cinco años. En septiembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió disolverla. Desde entonces, las investigaciones por delitos contra la administración pública quedaron distribuidas entre fiscalías ordinarias.
VEINTIÚN AÑOS DESPUÉS, TUCUMÁN DISCUTE VOLVER AL PUNTO DE PARTIDA.
Los legisladores Manuel Courel, José Seleme, Agustín Romano Norri y Ricardo Bussi impulsan ahora la creación de una Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica, con competencia en toda la provincia, autonomía presupuestaria e independencia funcional. La idea, sobre el papel, resulta difícil de cuestionar.
El problema comienza cuando uno mira cómo funciona realmente el poder. Porque crear una Fiscalía Anticorrupción es relativamente sencillo.
LO DIFÍCIL ES CONSEGUIR QUE SE ANIME A INVESTIGAR AL PODER QUE LA RODEA.
UNA PROVINCIA DONDE DENUNCIAR AL PODER PUEDE CONVERTIRSE EN UN PROBLEMA PARA EL DENUNCIANTE.
La corrupción no se combate únicamente redactando leyes. Para investigar corrupción se necesitan fiscales independientes, recursos técnicos, especialistas contables, investigadores financieros y, fundamentalmente, funcionarios dispuestos a soportar presiones. Porque investigar corrupción significa seguir dinero.
- Significa revisar contrataciones.
- Significa analizar sociedades.
- Significa reconstruir patrimonios.
- Significa revisar teléfonos, transferencias, prestanombres, empresas y vínculos políticos.
Y muchas veces significa investigar precisamente a las personas que tienen poder suficiente para influir sobre buena parte del sistema institucional.
Ahí está el problema central.
EN TUCUMÁN NO SOLAMENTE HAY QUE PREGUNTARSE QUIÉN INVESTIGA LA CORRUPCIÓN.
También hay que preguntarse:
¿QUIÉN PROTEGE AL QUE SE ANIMA A DENUNCIARLA?
- Porque existe una realidad que rara vez aparece en los discursos institucionales.
- Hay ciudadanos que tienen miedo.
- Empresarios que callan.
- Empleados públicos que conocen irregularidades y prefieren mirar para otro lado.
- Personas que creen haber presenciado hechos graves pero temen perder el trabajo, sufrir aprietes, recibir amenazas o terminar involucradas ellas mismas en alguna investigación.
Ese miedo destruye cualquier sistema anticorrupción antes de que empiece a funcionar.
EL MAYOR PELIGRO: QUE LAS CAUSAS CAMBIEN DE DIRECCIÓN
Una Fiscalía Anticorrupción debería investigar al poder. Pero una Fiscalía Anticorrupción mal diseñada puede convertirse exactamente en lo contrario:
UN INSTRUMENTO DEL PODER PARA INVESTIGAR A QUIEN LO DENUNCIA.
Ese riesgo no es teórico.
Cuando un organismo concentra capacidad investigativa, acceso a información patrimonial, facultades procesales y recursos técnicos, la independencia de quien lo conduce pasa a ser absolutamente determinante. Por eso resulta especialmente importante una de las condiciones incluidas en el proyecto: que el futuro fiscal sea elegido mediante concurso público y que no haya ocupado cargos en el Poder Ejecutivo ni desempeñado funciones partidarias.
Es un comienzo.
Pero no alcanza.
Un currículum sin antecedentes partidarios no garantiza independencia.
Tampoco un concurso garantiza valentía.
Ni un título garantiza integridad.
La verdadera prueba llegará cuando una investigación toque a alguien poderoso.
250 MILLONES DE PESOS POR MES: CUANDO EL PODER POLÍTICO TAMBIÉN ES PODER ECONÓMICO
La discusión adquiere todavía mayor gravedad frente al volumen de recursos que puede manejar la política.
Si, como se sostiene públicamente en distintas discusiones provinciales, determinados legisladores administran estructuras presupuestarias que pueden acercarse a $250 millones mensuales, el desequilibrio frente a un ciudadano común es gigantesco.
No estamos hablando simplemente de dirigentes con influencia política.
Estamos hablando de estructuras que pueden contar con asesores, abogados, operadores, recursos comunicacionales, contactos institucionales y una capacidad económica imposible de enfrentar en igualdad de condiciones para una persona común.
Por eso investigar corrupción requiere mucho más que buena voluntad.
Requiere garantías concretas para denunciantes, testigos, periodistas, abogados y víctimas.
Porque cuando el denunciado concentra poder político, económico e institucional, el denunciante puede terminar absolutamente expuesto.
Y UNA DEMOCRACIA DONDE EL CIUDADANO TIENE MIEDO DE DENUNCIAR A UN FUNCIONARIO ES UNA DEMOCRACIA ENFERMA.
JUSTICIA Y PODER: LA PREGUNTA QUE NADIE QUIERE CONTESTAR
El proyecto plantea que la nueva fiscalía pueda reconstruir circuitos financieros complejos, contrataciones públicas, sociedades y evidencias digitales sin interferencias del Poder Ejecutivo ni de la propia conducción fiscal.
La sola necesidad de escribir esa garantía en una ley revela el problema.
¿Por qué habría que blindar expresamente una investigación frente a interferencias?
Porque el peligro existe.
Y porque buena parte de la sociedad tucumana observa desde hace años con profunda desconfianza la relación entre justicia y política.
La crítica alcanza tanto a sectores de la Justicia provincial como, en determinados expedientes de enorme sensibilidad política y económica, a la Justicia Federal.
No corresponde afirmar sin prueba que jueces o fiscales determinados respondan al poder.
Pero sí corresponde formular una pregunta institucional elemental:
¿PUEDE EXISTIR UNA VERDADERA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN CUANDO LA SOCIEDAD SOSPECHA QUE QUIEN INVESTIGA DEPENDE, directa o indirectamente, DEL MISMO SISTEMA QUE DEBERÍA CONTROLAR?
La confianza pública también forma parte de la Justicia.
Y cuando esa confianza desaparece, cada archivo inexplicable, cada expediente paralizado, cada investigación que nunca llega al fondo y cada causa dirigida contra un denunciante alimentan todavía más esa sospecha.
CAUSAS ARMADAS: EL MECANISMO MÁS PELIGROSO
Hay algo incluso peor que no investigar corrupción.
UTILIZAR EL SISTEMA PENAL PARA INTIMIDAR A QUIEN LA DENUNCIA.
- Una causa penal puede destruir la vida de una persona mucho antes de que exista condena.
- Allanamientos.
- Secuestro de teléfonos.
- Pericias.
- Exposición pública.
- Honorarios jurídicos.
- Años de proceso.
- Estigmatización.
- Presión sobre familiares y trabajadores.
Por eso la posibilidad de investigaciones direccionadas o causas artificialmente construidas contra denunciantes constituye uno de los riesgos institucionales más graves.
No hace falta meter preso a alguien para disciplinarlo.
A veces basta con obligarlo a defenderse durante cinco años.
El mensaje hacia los demás resulta devastador:
“MIRÁ LO QUE LE PASÓ POR DENUNCIAR.”
Y después nadie denuncia.
EL ANTECEDENTE DE LA ANTIGUA FISCALÍA TAMPOCO INVITA AL OPTIMISMO
La primera Fiscalía Anticorrupción tucumana funcionó entre 2000 y 2005. Cuando fue disuelta tenía aproximadamente 400 expedientes en trámite. Durante años, su actuación quedó además asociada a la figura de su entonces conductor, el exfiscal Esteban Jerez. Su desempeño continúa siendo objeto de críticas muy duras.
Para numerosos críticos, aquella experiencia produjo mucha exposición pública y escasos resultados definitivos en investigaciones de corrupción de alto impacto.
De allí surgió una descripción particularmente lapidaria que todavía se escucha en sectores políticos y judiciales: la de una fiscalía que “vendía humo”.
Presentarlo como una verdad judicial sería incorrecto.
Pero ignorar aquella percepción social también sería un error.
Porque ésa precisamente debería ser una de las lecciones para el nuevo proyecto:
TUCUMÁN NO NECESITA OTRO FISCAL ANTICORRUPCIÓN PARA LOS TITULARES. NECESITA UNO QUE TERMINE LAS INVESTIGACIONES.
UNA FISCALÍA CREADA PARA COMBATIR COIMAS NO PUEDE TERMINAR CONVIRTIÉNDOSE EN UNA VENTANILLA PARA COBRARLAS.
Porque después de veinte años, Tucumán no necesita nuevamente una Fiscalía Anticorrupción de utilería.
NECESITA UNA QUE TENGA EL CORAJE DE LLEGAR HASTA EL FINAL.
