¡Bienvenidos a Tucumán!, el feudo donde las leyes de la física constitucional se doblan al ritmo que marca la Corte Suprema local. Total, ¿para qué respetar la Constitución Nacional si se puede gobernar a fuerza de acordadas?
Mientras en cualquier país serio el estado civil de las personas y los conflictos de familia —materias tan sensibles como el orden público mismo— se debaten ante jueces naturales que rinden concursos públicos, transparentes y exigentes ante el Consejo de la Magistratura, acá te arman un combo exprés.
Los Vocales de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva, Daniel Posse, Claudia Sbdar, Antonio Estofan y Rodríguez Campos. (Triturando la Constitución nacional, imagen representativa de IA).
A partir de ahora, por obra y gracia de la Ley N° 9987 y la Acordada N° 734 de la esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el juez de paz de tu barrio te divorcia. Sí, leyó bien. El mismo juez de paz que muchas veces llega al cargo por acomodo político, sin rendir examen de oposición y antecedentes, ahora va a decidir sobre tu familia.
Es una verdadera tomada de pelo a la seguridad jurídica.
Un juez de paz no es un juez de la constitución.
No pasó por el filtro riguroso de la idoneidad, no tiene la legitimidad republicana que exige la Carta Magna y, sin embargo, le meten por la ventana competencias sobre el derecho de familia.
Entre celebración y celebración, el mediador Alberto López Domínguez vegeta como un muñeco de trapo plantado en medio de un campo minado de inconstitucionalidades, cuya única misión parece ser ahuyentar a todo el que intente romper la cómplice pasividad de la entidad que nuclea a los abogados tucumanos.
¿Y el Colegio de Abogados de Tucumán? Está de fiesta, claro. Su Presidente el mediador Alberto López Domínguez en vez de poner el grito en el cielo, interponer recursos y encabezar la defensa de la Constitución, guardan un silencio cómplice, vergonzoso y absoluto.
¿Dónde están los directivos rasgándose las vestiduras? Muditos, mirando el techo u ocupados en sus negociados corporativos, mientras le entregan la cabeza de los justiciables a funcionarios que no tienen la jerarquía ni la independencia institucional que exige la ley suprema.
Tucumán, la republiqueta: ahora la Corte te regala el divorcio exprés… con jueces a dedo, un Colegio de Abogados de fiesta. ¿Qué sigue? ¿Que el comisario del pueblo te firme la quiebra? ¿Que el administrativo del registro civil te dicte una prisión preventiva?
Lo peor de todo es que nos quieren vender esto como una «modernización» y una «descongestión procesal». La famosa Ley N° 8833 y sus amigos de la Corte nos quieren hacer creer que mandar los divorcios a los juzgados de paz es acercar la justicia a la gente.
No, ser lector: eso no es justicia, es abaratar el sistema a costa de destruir las garantías constitucionales, con la inestimable colaboración de un colegio profesional que prefiere el silencio de cementerio mientras brinda con la corporación.
Frente a semejante entrega institucional, Juan Bautista Alberdi debe estar revolcándose en la tumba al ver cómo destruyen en su propia cuna los principios republicanos que supo legarnos.
Firmado, sellado y blindado por la casta judicial y la pasividad gremial. Los Vocales de la Corte firman la acordada muy coqueta, le ponen fecha de inicio para el 1 de noviembre de 2026 y se quedan panchos, violando el artículo 18 de la Constitución Nacional y el principio del juez natural.
Republica de Tucumán. A más de dos siglos de aquel sueño autonómico que proclamó soberanía e instituciones propias en 1820, la provincia de Tucumán parece haber quedado reducida a una escena de crimen político. Entre despilfarros, pactos de silencio y estructuras de poder anquilosadas, las garantías constitucionales yacen heridas de muerte.
Así se manejan. Total, la Constitución es un librito viejo que molesta cuando hay que hacer negocios o acomodar a los amigos. Bienvenidos al reino del revés.
