Mientras el sur de Tucumán se hunde literalmente bajo el agua, la capital provincial parece flotar en una burbuja de opulencia legislativa que ya no solo es ética y moralmente cuestionable, sino que ha escalado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La reciente ampliación de la acción de amparo presentada por la Abogada Myriam Costilla pone al desnudo una realidad obscena ante los hechos sucedidos por las inundaciones:
Tucumán no sufre catástrofes naturales, sufre una “omisión antijurídica” planificada por su propia dirigencia.
Histórica Portada del documento técnico del Seminario – Taller sobre el aprovechamiento de recursos hídricos y control de inundaciones en la Cuenca Superior del Río Salí, Tucumán. Década del 90.
Resulta intolerable que, en una provincia donde los vecinos de Lamadrid lo pierden todo año tras año, cada legislador le cueste al pueblo 2.735 millones de pesos anuales. Esta denominada “Banca de Oro” consume el equivalente al 44% de toda la inversión en obra pública de la provincia.
Es decir, por cada dos pesos destinados a defensas de ríos o canales, el gasto político se devora uno.
El cinismo oficial alcanzó su punto máximo con el reciente anuncio de utilizar fondos «sobrantes» de la remodelación del edificio legislativo para estudios hídricos. No es un gesto de buena voluntad; es una “confesión de malversación de prioridades”. Reconocen que el dinero está, pero prefieren la estética de sus despachos sobre la vida de los ciudadanos.
Histórico año 2002: El drama de los olvidados: cuando la lluvia deja de ser alivio para transformarse en una condena de barro y pérdidas totales.
Tres décadas de planes cajoneados
La tragedia no es nueva. Desde 1994, bajo la gestión del Vice Gobernador Julio Díaz Lozano – Gobernación Palito Ortega-, existe un Plan Hídrico Integral con 237 tomos de estudios técnicos que fue ignorado sistemáticamente. Incluso la Ley 9.209, sancionada por la propia Legislatura en 2019 para declarar el plan de «interés provincial», ha sido letra muerta.
La provincia tiene la hoja de ruta para evitar las inundaciones desde hace 30 años, pero ha decidido, por acción u omisión, no ejecutarla.
Antecedentes de una lucha recurrente:» Registro del equipo técnico que, hace más de 30 años, ya coordinaba estudios sobre el control de inundaciones en la provincia, sentando las bases del conocimiento técnico regional.
Represión en lugar de soluciones
El episodio cuya primicia que fue anoticiada por La Pluma Viral, en la Ruta Nacional 157 marca el quiebre definitivo del contrato social. Los vecinos que reclamaban obras estructurales tras el temporal de marzo no recibieron palas ni dragas, recibieron represión policial.
Caos en Lamadrid. Víctimas de las inundaciones sometidas y revictimizadas: La Policía Provincial dispersa a un grupo de damnificados en Lamadrid. Tras perder sus hogares bajo el agua, los residentes denuncian que reclaman la presencia estatal y reciben la fuerza policial y hechos de violencia.
Lo más grave, desde una perspectiva institucional, es la “invasión de jurisdicción”: la policía tucumana irrumpió en una ruta nacional —competencia exclusiva de fuerzas federales— para acallar el disenso.
Un Estado que inunda por omisión y golpea por acción no puede llamarse republicano.
El imperativo del pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es claro: Tucumán atraviesa una “gravedad institucional” sin precedentes que justifica la Intervención Federal.
Cuando los frenos y contrapesos se rompen porque una mayoría hegemoniza los recursos para fines facciosos, la intervención deja de ser una opción política para convertirse en un “imperativo de auxilio constitucional”.
¿Hasta cuándo el bienestar de la burocracia tucumana seguirá pesando más que la seguridad de sus mandantes?
La justicia federal tiene ahora la palabra ante un sistema que parece haber sustituido el bien común por la supervivencia de su propia «aristocracia de privilegios».
