Tucumán autoriza la quema de caña.

La decisión del Gobierno de Tucumán de aprobar la implementación de la quema de caña vuelve a colocar en el centro de la escena una práctica que durante años ha sido objeto de cuestionamientos por sus consecuencias sobre el ambiente y la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Mientras se habla de producción y competitividad, surge una pregunta inevitable: ¿se evaluaron de manera suficiente los riesgos ambientales, sanitarios y sociales antes de avanzar con esta medida? La preocupación no es menor. Cada temporada, numerosos vecinos denuncian la presencia de humo, reducción de la visibilidad en rutas, contaminación del aire y complicaciones respiratorias, además del temor por incendios que puedan afectar viviendas y bienes.

El secretario de Producción de la Provincia, Eduardo Castro, confirmó que el protocolo ya fue aprobado por la Subsecretaría de Medio Ambiente

A ello se suman los antecedentes de cortes en el suministro eléctrico ocasionados por incendios que alcanzan instalaciones energéticas, así como el impacto que estas prácticas pueden generar sobre la flora, la fauna y los ecosistemas de la provincia.

Para muchos sectores, resulta contradictorio que, en un contexto donde se promueven políticas de sustentabilidad, se recurra nuevamente a métodos cuya conveniencia continúa siendo motivo de debate.

Las críticas también apuntan a la falta de información pública sobre los estudios técnicos que respaldarían la decisión, los controles previstos y las medidas destinadas a prevenir daños a la población. Diversas voces reclaman mayor transparencia y una evaluación integral que contemple no solo los intereses productivos, sino también la protección de la salud y del ambiente.

El desarrollo económico y la producción agroindustrial son actividades fundamentales para Tucumán. Sin embargo, ese crecimiento debe procurar compatibilizarse con la seguridad de las comunidades y el cuidado del entorno. Cuando una política pública genera preocupación por sus posibles efectos, la demanda de explicaciones y controles rigurosos forma parte del debate democrático.

La discusión está abierta. Lo que hoy se decide en los despachos oficiales puede tener consecuencias que trasciendan una zafra y afecten durante años la calidad de vida de los tucumanos.