Mientras desde el Gobierno provincial se habla de una fuerte caída de la recaudación en las comunas rurales, un expediente oficial vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en Tucumán.
El Expediente N.º 777-270-RCCR-26, correspondiente al Juicio de Cuentas ordenado por Acuerdo N.º 2247, involucra a Eduardo Cirilo Juárez, Comisionado Comunal, y Exequiel Alejandro Anís, Secretario Habilitado de la Comuna Rural de El Mojón.
Tanto como el delegado comunal y su secretario se olvidó de rendir cuentas de fondos públicos; ni más o menos por un monto $573.977.287,21 correspondiente al periodo al segundo bimestre del 2.025.
La cifra no es menor. Se trata de más de 573 millones de pesos vinculados a una observación que, según surge de las actuaciones mencionadas, no habría sido regularizada.
Y el dato que agrega todavía más tensión al caso es que, dentro del proceso, se dispuso a declarar la rebeldía de Juárez y Anís, en sus respectivos cargos dentro de la comuna.
¿Dónde están las explicaciones?
El caso vuelve a instalar una pregunta incómoda:
¿Quién controla efectivamente el destino de los recursos públicos que reciben las comunas rurales?
Mientras el ministro de Economía, Daniel Abad, sostiene públicamente que la recaudación en las comunas rurales de Tucumán sufrió una disminución significativa, los expedientes administrativos y de control muestran que el problema de los recursos públicos no puede analizarse solamente desde cuánto ingresa, sino también desde cómo se administra, cómo se rinde y qué ocurre cuando existen observaciones que no son regularizadas.
Porque si faltan recursos, cada peso debería ser administrado con mayor rigor.
Y si existen observaciones por cientos de millones de pesos, la sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió, quiénes fueron responsables, qué documentación faltó presentar y cuál fue el destino concreto de esos fondos.
El Festival de los recursos públicos
La situación resulta especialmente preocupante porque las comunas rurales administran recursos que pertenecen a todos los tucumanos. No son fondos privados ni dinero de los funcionarios de turno.
Son recursos públicos.
Por eso, cuando aparece una observación por $573.977.287,21 y posteriormente se llega a una declaración de rebeldía dentro de un Juicio de Cuentas, la respuesta no puede ser el silencio.
La política tiene que dejar de tratar los fondos públicos como si fueran una caja sin dueño.
Cada peso tiene que ser rendido. Cada observación debe ser respondida. Y cada funcionario debe hacerse cargo de sus actos.
El caso de El Mojón queda ahora bajo una lupa que difícilmente pueda apagarse con discursos sobre falta de recursos o caída de la recaudación. Porque cuando se habla de dinero público, la transparencia no es un favor: es una obligación.
Y los tucumanos merecen saber qué pasó con $573 millones, por qué la observación no fue regularizada y por qué los responsables fueron declarados en rebeldía.
La pregunta ya está planteada. Ahora deberán aparecer las respuestas.
