Por Redacción Central La Pluma Viral
El silencio es cómplice, pero el eco de la podredumbre ya es insostenible. Mientras los hombres y mujeres de la fuerza arriesgan la vida en las calles, puertas adentro se teje una trama oscura de recaudación clandestina, retornos obligatorios, desvío de fondos y negocios millonarios manejados desde las altas esferas de la Jefatura de Policía.
Servicios adicionales, explotacion laboral.
¿Ningún fiscal investiga?
La justicia mira para otro lado mientras opera una maquinaria de apriete sistemático contra los suboficiales, sumergidos en la precariedad laboral y convertidos en rehenes de una caja negra insaciable.
El botín de los 60 mil y la ruta del dinero negro. LA CAJA NEGRA DE LA POLICÍA: Negociados, aprietes y retornos a costa del hambre de los suboficiales.
El engranaje de la recaudación ilegal funciona con precisión quirúrgica. Cada oficial y dependencia está bajo la lupa de una recaudadora serial: una oficial jefa, de rango comisario, allegada al jefe de Policía (cuyo apellido comenzaría con M). Mensualmente, la orden es exigencia de pagos en efectivo o mediante transferencias a cuentas asignadas. El dinero sale del bolsillo de los policías, conformando una caja millonaria y discrecional.
Los números de la extorsión. Bonos y rifas obligatorias.
El pasado viernes, la imposición cayó como un mazazo. Obligados a comprar 4 bonos de $5.000 y 1 bono de $12.000, bajo amenaza de traslados o persecución laboral.
A los servicios adicionales que realiza el personal policial ya se les pulveriza el ingreso con descuentos: 15% de retención total (10% para equipamiento y 5% para un «fondo solidario» de salud que jamás se usó, engrosando el bolsillo del Jefe de Policía).
Plazos fijos y «Cuevas»: La timba financiera con el sueldo policial.
La Jefatura demora los pagos de adicionales hasta tres meses (el mes de mayo recién fue abonado la semana pasada), exigiendo a las empresas contratantes depositar antes del día 10.
¿El destino de ese dinero?
Plazos fijos y cuevas financieras de la calle San Martín.
Generan intereses siderales para beneficio propio mientras el policía espera meses para cobrar lo que ya trabajó. Para ocultarlo, en las boletas de adicionales no se especifica el mes trabajado, una maniobra clara para no delatar el retraso.
El Norry dólar. CAPÍTULO APARTE: La Caja Popular y el desembarco del «Negocio Privado de la Seguridad»
Bajo la presidencia de Guillermo Norry, la Caja Popular de Ahorros ha abandonado cualquier vestigio de austeridad para convertirse en un botín de privilegios.
La contradicción es absoluta y descarada: la Caja cuenta con un destacamento policial propio, lo que garantiza el «estado policial» dentro del edificio las 24 horas del día. Entonces, ¿es necesaria la contratación de seguridad privada? Claramente, no. Pero la lógica aquí no es la seguridad, sino el negocio.
El esquema del vaciamiento implica la eliminaron las horas de servicio que cubría la policía (quienes hacían adicionales para llegar a fin de mes) en horario vespertino y nocturno, limitando su presencia de 07:00 a 15:00.
Extraño pero, COSARG no tendria clave fiscal
El desembarco de «Cosarg»: De 15:00 a 07:00, el predio quedó en manos de la empresa privada Cosarg.
¿Por qué?
Porque a esta firma se le paga un canon superior al que recibiría un efectivo. En los papeles, la empresa figura a nombre de la esposa de Moreno, el hombre de confianza de Norry. Vale recordar que Moreno ocupó el cargo de Subsecretario de Seguridad durante la intendencia de Darío Monteros en Banda del Río Salí.
Este modus operandi se replicó en las delegaciones del Sur (Concepción, Aguilares, Alberdi y La Cocha), donde el personal contratado es, casualmente, hijo de empleados municipales de Juan Bautista Alberdi, territorio donde Norry fue interventor.
Ahora, este esquema se expande hacia el Siprosa, desplazando la custodia policial de los tráilers sanitarios para entregársela a estos mismos grupos privados vinculados al poder político.
El miedo como herramienta de control
El miedo reina en los pasillos. Ni comisarios ni oficiales superiores se atreven a alzar la voz; menos aún los suboficiales, quienes saben que denunciar significa convertirse en víctimas de persecución laboral inmediata.
La estructura mafiosa opera con total impunidad, jugando con la necesidad de quienes exponen el cuerpo. La pregunta que queda flotando es: ¿Hasta cuándo durará el blindaje político y judicial de esta caja negra que se alimenta del hambre de sus propios efectivos?
Fuente de la información: Documentación proporcionada por personal afectado.
