
El debate parlamentario alrededor de las tarifas de los servicios públicos mantiene una fuerte repercusión en la agenda política de la región del noroeste argentino. Los diputados nacionales por la provincia de Tucumán pertenecientes a La Libertad Avanza Federico Pelli y Soledad Molinuevo respaldaron de manera pública la reciente reforma del Régimen de Zona Fría.
El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo nacional cosechó una media sanción favorable en la Cámara baja tras obtener ciento treinta y dos votos afirmativos.
Sin embargo, la iniciativa legal despierta intensos cruces políticos debido a que restringe de forma directa los descuentos automáticos en las boletas de gas domiciliario. Por lo tanto, los representantes oficialistas salieron a fundamentar la quita de estos beneficios estatales en los distritos incorporados durante la ampliación territorial legislada hace cinco años.
Críticas a la gestión anterior y la nueva focalización de la asistencia.
Los diputados tucumanos Federico Pelli y Soledad Molinuevo coincidieron en señalar que el esquema de subsidios energéticos vigente funcionaba bajo criterios de extrema discrecionalidad política. Los legisladores explicaron que el sistema previo distribuía recursos públicos sin un control real sobre las condiciones climáticas verdaderas o las necesidades socioeconómicas de los usuarios residenciales. Asimismo, los representantes libertarios sostuvieron que la modificación normativa busca reordenar la asistencia estatal para dirigir los fondos exclusivamente hacia los hogares de alta vulnerabilidad social. Por otra parte, las autoridades confirmaron que las provincias patagónicas y las regiones geográficas de la Puna conservarán la bonificación original por cuestiones de severidad climática extrema.
Impacto en las cuentas públicas y la meta de equilibrio financiero
La reestructuración del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas responde de forma directa al plan de ajuste fiscal de la Casa Rosada. De acuerdo con las proyecciones técnicas de la cartera económica, la continuidad del esquema ampliado le costaba al Estado nacional cerca de cuatrocientos ochenta y cinco mil millones de pesos anuales. En consecuencia, la aprobación definitiva del nuevo articulado en el Senado de la Nación le garantizará un ahorro neto superior a los doscientos setenta y dos mil millones de pesos al fisco. Debido a esto, los dirigentes del oficialismo local ratificaron la urgencia de suprimir los privilegios corporativos financiados por los contribuyentes para consolidar de manera definitiva la estabilidad macroeconómica del territorio argentino.



