Jaldo: de gobernador peronista al más «libertario y peluca» del NOA.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quedó en el centro de una controversia política luego de que el periodista Carlos Pagni describiera una presunta negociación entre la Casa Rosada.

Carlos Pagni vinculó el respaldo legislativo que busca Milei para eliminar las PASO con las aspiraciones de reelección de Osvaldo Jaldo y otros gobernadores. Jaldo y Milei negocian los votos de las bancas a cambio de la reelección. El gobernador es uno de los más cercanos al presidente libertario, y respalda sus proyectos. La versión abrió interrogantes sobre los acuerdos políticos y el futuro judicial de los mandatarios provinciales.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quedó en el centro de una controversia política luego de que el periodista Carlos Pagni describiera una presunta negociación entre la Casa Rosada y varios mandatarios provinciales para avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En su editorial en Odisea Argentina, por LN+, y en una columna publicada este martes 27 de octubre, Pagni sostuvo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuenta con el respaldo de Jaldo, Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca, para impulsar la iniciativa electoral del gobierno de Javier Milei.

Pero el punto más polémico de su análisis fue otro: el periodista relacionó esos acuerdos con las aspiraciones de reelección de los gobernadores y con las discusiones en torno a la integración de la Corte Suprema de Justicia.

¿Votos a cambio de una reelección?

Según describió Pagni, los tres mandatarios comparten dificultades legales que podrían condicionar sus posibilidades de continuar en el poder. En ese marco, señaló que la negociación política incluiría conversaciones sobre posibles candidatos para integrar el máximo tribunal.

El periodista mencionó a Mariano Borinsky y Ariel Lijo como nombres que, según su análisis, aparecen en las discusiones sobre la futura composición de la Corte. La designación de jueces del máximo tribunal requiere el acuerdo de dos tercios de los miembros presentes del Senado.

La frase más contundente de su columna apuntó a la supuesta contrapartida que se habría planteado a los gobernadores. Pagni escribió que Santilli les habría transmitido que los jueces propuestos podrían favorecer sus aspiraciones de reelección.

Se trata de una afirmación atribuida al periodista y no de una prueba pública de que exista un acuerdo judicial para beneficiar a los mandatarios. Hasta el momento, la versión expuesta en la columna no demuestra que se haya pactado una contraprestación de esas características.

Jaldo y el costo político ante el peronismo

La controversia abre un nuevo frente de discusión para el gobernador tucumano, cuya relación política con la administración de Milei genera cuestionamientos dentro de sectores del peronismo.

Para sus críticos, el acercamiento al Gobierno nacional plantea interrogantes sobre la coherencia entre la identidad justicialista de Jaldo y sus negociaciones con La Libertad Avanza. El debate no se limita a la reforma electoral: también alcanza el papel de los gobernadores en la construcción de mayorías parlamentarias y sus intereses políticos provinciales.

La discusión sobre una eventual reelección de Jaldo tiene, además, una dimensión constitucional. Las reglas que habilitan la continuidad de los mandatarios provinciales pueden ser objeto de revisión judicial, pero cualquier decisión dependerá de los planteos que se presenten y de lo que resuelvan los tribunales competentes.

Una negociación que exige explicaciones

El planteo de Pagni vuelve a poner bajo la lupa los acuerdos entre la Casa Rosada y los gobernadores que pueden aportar votos en el Congreso. La eliminación de las PASO, la selección de jueces para la Corte y las aspiraciones electorales provinciales son cuestiones institucionales diferentes, aunque pueden coincidir dentro de una negociación política.

Hasta dónde llegan esos acuerdos y qué compromisos concretos asumió cada sector. Por ahora, las declaraciones del periodista alimentan la controversia, pero no permiten dar por probado un intercambio de votos legislativos por beneficios judiciales.