Los periodistas del programa televisivo «El Avispero» José Ignacio Sbrocco y Juan Pablo “Chipi” Merino, presentaron una impugnación formal ante la Legislatura de Tucumán para evitar que Lucas Taboada sea designado como juez titular. En su petición advierten que el candidato no reúne las condiciones éticas ni constitucionales necesarias para ocupar el cargo de forma estable.
El principal cuestionamiento se centra en una medida dictada por Taboada en noviembre de 2025, mediante la cual prohibió a la televisión, la radio y las redes sociales difundir contenidos que «desacrediten» o «injurien» a fiscales y jueces del poder judicial provincial.
Los denunciantes sostienen que esta orden funcionó como un claro mecanismo de censura previa, generando un efecto intimidatorio que busca silenciar a la prensa para que no informe sobre el accionar de la justicia.
Por otro lado, la presentación critica que Taboada haya permanecido en su puesto durante mucho tiempo como «subrogante», un mecanismo de reemplazo temporal que, según afirman, se extendió de manera irregular y abusiva. Quienes impulsan el rechazo argumentan que un magistrado que depende de renovaciones constantes para seguir trabajando compromete seriamente su apariencia de independencia judicial.
En el escrito, Sbrocco y Merino, aclaran expresamente que no buscan que la Legislatura actúe como un tribunal de apelaciones ni que revoque la medida cautelar, sino que evalúe si estos antecedentes funcionales demuestran una falta de idoneidad ética y prudencia institucional. Además, advierten que los cuestionamientos surgen de hechos sobrevinientes al concurso original del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), cuya terna se elevó en mayo de 2024. Subrayan que la demora del Poder Ejecutivo en enviar el pliego no puede servir de «blindaje» para evitar que los legisladores analicen el desempeño actual y real del candidato.
Asimismo, el documento profundiza en la gravedad de la orden judicial, destacando que impuso una prohibición general y anticipada que configura un caso de censura previa, expresamente prohibida por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los periodistas recalcan que los funcionarios judiciales y fiscales ejercen poder público y, por lo tanto, deben estar sometidos a un escrutinio democrático que no puede ser silenciado preventivamente mediante el uso desproporcionado e intolerante del poder cautelar.
En diálogo con la prensa, los impulsores de la impugnación afirmaron que la medida judicial dictaminada por Taboada generó fuertes perjuicios económicos a la empresa periodística que los emplea, ya a que la pérdida de aire se tradujo entre otras cosas, en una profunda desinversión publicitaria que generó un fuerte impacto en el multimedio Enterate Play.
