En los pasillos de la intervención crecen las versiones que describen un clima de extrema desconfianza. Según fuentes internas, el interventor Guillermo Norry habría ordenado la revisión de su despacho privado tras asegurar que estaba siendo espiado. Para ello, siempre de acuerdo con esas versiones, habría contratado a un técnico especializado con el objetivo de detectar posibles micrófonos ocultos.
El episodio expondría una conducción atravesada por la sospecha y la paranoia, en lugar de concentrarse en resolver los problemas de gestión que afectan al organismo.
La escena, propia de una novela de espionaje, contrasta con la obligación de administrar con transparencia y eficiencia los recursos públicos.
Las mismas fuentes sostienen que el inconveniente apareció después:
¿Cómo pagar el servicio sin que la contratación despertara preguntas dentro de la institución?
Hasta el momento, no existe información oficial que confirme la contratación, el procedimiento utilizado ni el origen de los fondos.
El episodio también abre otro interrogante: si realmente existía una amenaza,
¿Por qué recurrir a un técnico particular?
¿Acaso desde la Banda de Río Salí, no cuenta con organismos especializados capaces de realizar ese tipo de verificaciones cuando son necesarias?
El hermetismo de las autoridades solo alimenta las sospechas.
En una administración pública, la confianza no se construye buscando supuestos micrófonos ocultos, sino rindiendo cuentas, actuando con transparencia y explicando cada decisión. Mientras no haya una respuesta oficial, las versiones seguirán creciendo y el costo institucional será cada vez mayor.
