Redacción Central. La Pluma Viral
¿Se acuerdan de José Orellana? Sí, el exlegislador que siendo Diputado Nacional cometió delito y fue condenado por abuso sexual, a finales de 2022. Bueno, resulta que para el señor Orellana, la Justicia es como un consejo de esos que uno escucha, pero no hace caso: una sugerencia incómoda que se puede ignorar tranquilamente si se tiene el poder suficiente.
La cosa es así: mientras cualquier hijo de vecino cumple su condena bajo reglas estrictas, Orellana sigue ahí, paseándose como si fuera el dueño del circo. El ciudadano Hugo Aldo Santillán se cansó de ver este sainete y presentó un escrito en la Justicia Federal y recayó en Juzgado Criminal y Correccional 8°, para preguntarle al juez Marcelo Martínez de Giorgi, de una vez por todas: ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta farsa?
Juez Federal en lo Criminal y Correccional Marcelo Martínez de Giorgi.
Lo que denuncia Santillán no es un descuido, es un método diseñado para burlarse de la ley en la cara de todos. Orellana sigue dictando cursos, dando charlas y posando de «líder» o «conductor» en la sede del PJ tucumano o en centros culturales, como si su condena por abuso fuera apenas una mancha de humedad que se tapa con un poco de pintura fresca.
Para lograrlo, recurren a una avivada criolla de manual: se escudan detrás del término «Mellizos». Han saturado la pauta oficial del municipio de Famaillá y del gobierno provincial con la marca «Gestión Mellizos Orellana», una estrategia cínica para licuar la figura del condenado y diluir su responsabilidad individual en una gestión compartida con su hermano, Enrique Orellana y por supuesto que en este partido también debe incluirse la dama que fue inmortalizada en el senado de la Nación cuando en vez de referirse a la espada de “Damocles” dijo “Domacles”, porque claramente necesita compresión de texto .
Es, lisa y llanamente, el uso del apellido como un escudo humano, un blindaje simbólico financiado con recursos públicos para que nadie pueda señalar dónde termina la gestión de gobierno y dónde empieza la impunidad de un tipo al que la Justicia ya le dijo que es culpable.
Lo que el denunciante pide, con toda la lógica del mundo, es que alguien abra el capó de este auto y vea de dónde sale la nafta. ¿Quién paga los cursos? ¿Quién paga la pauta? ¿Quién financia el despliegue publicitario de alguien que debería estar manteniendo un perfil bajísimo por orden judicial?
Don Santillán le exige a la justicia que le ponga un límite a este delirio: que se corte el chorro de fondos públicos destinados a lavar la imagen de un condenado por abuso, que se prohíba el uso de la palabra «Mellizo» en la difusión oficial, que se controlen las redes sociales y, por sobre todas las cosas, que la Justicia tenga la decencia de revocar la libertad en suspenso.
Es la vieja historia de siempre: mientras el poder se sienta cómodo en su sillón, la sentencia es apenas un papelito que no sirve para nada. ¿Qué va a hacer el magistrado? ¿Se va a animar a cortarle el circo a esta puesta en escena, o vamos a seguir viviendo en este país donde la ley es un chiste de mal gusto?
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