Vargas Aignasse, ya se olvidó que lo denunciaron por coimero.

El legisdor provincial en el estudio radial de Detonado.

El legislador provincial que visitó el estudio radial de Detonados habló de la actualidad política y cuestionó a diputados y senadores nacionales por sus divisiones. Hasta allí, nada extraordinario. El problema aparece cuando la crítica se transforma en una lección de memoria selectiva.

Porque antes de señalar con el dedo hacia el Congreso Nacional, habría que recordar algunas páginas incómodas de la propia historia política tucumana.

Prohibido olvidar.

El nombre de Gerónimo Vargas Aignasse aparece en un episodio judicial que, por su gravedad, no debería desaparecer del archivo de la política tucumana. El exjuez federal Felipe Terán denunció ante la Justicia que los entonces diputados nacionales Gerónimo Vargas Aignasse y Manuel Baladrón le habían solicitado dinero para evitar que el Jurado de Enjuiciamiento avanzara con su remoción.

La acusación fue gravísima.

Y no se trató de una discusión parlamentaria ni de una diferencia partidaria: fue una denuncia que involucró presuntamente pedidos de coimas y que quedó en manos de la Justicia.

Terán finalmente fue removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, en un proceso relacionado con su actuación frente a un presunto intento de fraude con bonos de la deuda pública. Paralelamente, el exmagistrado quedó involucrado en una causa penal por ese mismo episodio.

Pero la historia tiene otro capítulo tucumano que vuelve todavía más delicado aquel episodio.

Según la denuncia de Terán, el entonces juez federal Jorge Parache, también cuestionado por su actuación en el caso de los bonos, quedó vinculado indirectamente a la situación a través de su esposa, Marta Cavalotti, quien —siempre de acuerdo con el relato del exjuez— habría gestionado el encuentro entre Terán y Vargas Aignasse.

Son hechos que forman parte de una historia judicial y política que no debería ser borrada convenientemente de la memoria pública.

Por eso, cuando un dirigente cuestiona que hoy existen diputados o senadores nacionales que “dividen”, la pregunta inevitable es:

¿Qué memoria tiene la política cuando mira hacia atrás?

No se trata de condenar a nadie desde una nota periodística ni de reemplazar a la Justicia. Se trata de recordar.

Porque la política tucumana tiene una peligrosa costumbre: exigir memoria para los adversarios y amnesia para los propios.

Si se pretende hablar de unidad, transparencia y responsabilidad institucional, entonces también hay que estar dispuesto a revisar las propias actuaciones, las denuncias que alguna vez salpicaron a dirigentes y los episodios que todavía esperan una explicación política convincente.

La memoria no puede funcionar según conveniencia electoral.

Antes de señalar quién divide hoy, quizás habría que explicar qué se hizo ayer.

Y en Tucumán, algunas páginas del pasado siguen esperando que alguien tenga el coraje de leerlas en voz alta.

Prohibido olvidar.