El Gobierno nacional formalizó el envío de un nuevo proyecto de ley de Ficha Limpia, una herramienta que busca impedir que dirigentes con antecedentes penales por delitos contra la administración pública accedan a cargos electivos. La propuesta se integra a una reforma electoral más amplia que incluye, además, la eliminación de las PASO y cambios estructurales en el financiamiento de los partidos políticos.
El eje central del proyecto establece que no podrán postularse a cargos nacionales quienes hayan sido condenados por delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y exacciones ilegales.
La restricción no solo alcanzaría a candidatos a legisladores y cargos ejecutivos, sino que se extiende a designaciones de ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas con participación estatal.
El requisito de la segunda instancia
Un punto determinante de la norma es el momento en que se activa la inhabilitación. Según el texto, la prohibición solo será aplicable si la condena fue confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
Si la confirmación judicial ocurriera después del 1 de enero del año electoral, el candidato quedaría habilitado para participar y la inhabilitación recién tendría efecto para el siguiente ciclo. Además, el proyecto estipula que la Cámara Nacional Electoral será la encargada de administrar un Registro Público de Ficha Limpia, donde se asentarán las sentencias firmes en segunda instancia para garantizar la transparencia del padrón de candidatos.
Reforma electoral integral
La implementación de Ficha Limpia se presenta como una de las banderas de la gestión de Javier Milei para lo que denomina el «fin de los privilegios de la casta». Al combinarse con la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Ejecutivo busca reducir el gasto público y obligar a los partidos a solventar sus propias internas.
El debate en el Congreso se prevé intenso, dado que el proyecto redefine las reglas de juego para las próximas elecciones legislativas. Mientras el oficialismo defiende la medida como un paso hacia la integridad institucional, los bloques opositores analizarán el alcance de las inhabilitaciones y el impacto de los cambios en el financiamiento proselitista.
