El Tribunal de Cuentas (TC) frenó un pago de más de 7 millones de pesos que el ERSEPT había autorizado para seis de sus empleados. Se trataba de un reajuste, correspondiente al período 2023-2024 en la ayuda económica que reciben por tener a cargo familiares con discapacidad. Estas ayudas no son una entrega discrecional de dinero, sino un derecho garantizado por el Estado para proteger a esas familias. Ante esta decisión del TC, el ERSEPT anuló los pagos y ordenó, en caso de ser necesario, revisar las liquidaciones para recuperar los fondos.
El rechazo se fundamenta, principalmente, en el riesgo inminente de sentar un precedente perjudicial para las arcas del Estado.
La resolución, firmada por Miguel Terraf y las demás autoridades del TC, evidencia la prioridad de las autoridades del órgano de control: fallar en contra de ampliar la asistencia por discapacidad para resguardar exclusivamente los intereses del bolsillo estatal, dejando de lado cualquier pretensión de justicia administrativa.
Es que para el propio organismo de control, avalar la fórmula del ERSEPT hubiera significado admitir que en la Administración Pública Provincial liquidó mal estos montos durante años, lo que abriría la puerta a una ola de reclamos masivos por pagos atrasados en todas las dependencias gubernamentales.
Para justificar la medida, el TC explicó que esta asistencia es una ayuda social y no un extra en el salario del trabajador. Aclaró que el objetivo real del dinero es proteger a la persona con discapacidad, y que el empleado público es solo un intermediario para garantizar sus tratamientos.
Como no es un pago por el trabajo realizado, el Tribunal consideró incorrecto incluir el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) o bonos no remunerativos a la hora de calcular esta ayuda.
Sin embargo, esta decisión generó mucho malestar ya que hay versiones extraoficiales que circulan afirmando que existiría una «doble vara», ya que,advierten, el propio TC paga esta misma ayuda a sus empleados usando un cálculo más generoso que sí incluye el aguinaldo, y otros items. En caso de confirmarse, esta asimetría representaría una grave injusticia institucional: se demostraría que el TC sería lo suficientemente estricto para negarle el beneficio a los empleados del ERSEPT, pero permisible para permitir la aplicación de un criterio mucho más flexible para otros sectores entre los cuales ellos se incluyen.
Este escenario de desigualdad amenaza con desatar un conflicto mayor en la provincia. Más allá del reclamo del ERSEPT, otros gremios de trabajadores estatales están siguiendo el tema de cerca y analizan unirse para presentar una demanda conjunta en la Justicia. El objetivo de esta medida será exigir que el aguinaldo se considere definitivamente como parte obligatoria a la hora de calcular la ayuda económica por discapacidad
