Por Redacción Central La Pluma Viral
«La ley es igual para todos, pero a veces algunos se olvidan de que la toga no es un escudo protector contra la decencia.»
El Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) se prepara para cortar la cinta de los 100 años de su creación este próximo 31 de julio de 2026. Un siglo de historia institucional que debería ser una fiesta para la abogacía provincial, pero que hoy huele más a velorio ético que a celebración.
En la fotografía aparecen el mediador y presidente del Colegio de Abogados, Alberto López Domínguez, junto a Miguel Acevedo, presidente de la Legislatura de Tucumán —considerada la más costosa del país—, y el vicepresidente del CAT, el abogado Gustavo Usandivaras. Los representantes del gremio de la abogacía tucumana son asiduos visitantes de un poder que últimamente nos tiene acostumbrados a aprobar leyes inconstitucionales y poco favorables para el ejercicio profesional.
Mientras los popes de la institución pulen los discursos celebratorios y afinan los festejos del centenario, la realidad se cuela por la ventana en forma de papel sellado. Un ciudadano de a pie se animó a poner los puntos sobre las íes y a sacudir la modorra corporativa con un pedido que cae como un baldazo de agua fría justo en medio de la fiesta.
Imágenes de la cuestionada celebración del CAT: con la casta y sin abogados. Como si fuera poco, ahora el centenario quedó manchado por el pedido de exclusión de la matrícula de José Orellana, que López Domínguez no quería recibir e hizo estallar la sede de los abogados y abogadas de Tucumán.
Con la precisión de un cirujano, Hugo Aldo Santillán formalizó hoy un escrito explosivo ante el Consejo Directivo que encabeza el doctor Alberto López Domínguez.
¿Qué exige?
Nada menos que excluir de manera fulminante de la matrícula al abogado José Orellana (Matrícula CAT 8249).
Don Hugo Santillán saliendo del Colegio de Abogados de Tucumán, tras pedir la exclusión del matriculado José Orellana.
El trasfondo de este escándalo no admite dobleces: sobre el abogado egresado de la Universidad San Pablo T, José Fernando Orellana pesa una condena firme dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 28 de la Capital Federal (Causa CCC 70266/2016/TO1), que lo encontró culpable del delito de abuso sexual simple, sumado a una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
¿Qué dice la normativa?
La Ley Provincial Nº 5233 es implacable en su artículo 19, inciso 1°, prohibiendo la matrícula a quienes pierden los requisitos mínimos de idoneidad, decoro y probidad. Tener a un condenado por delitos de esta laya stockeado en el padrón profesional, justo cuando la institución cumple un siglo de vida, es una cachetada monumental a la memoria de los fundadores del Colegio.
Las exigencias del escrito en el que deberá intervenir el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán, encabezado por la Constitucionalista, docente de la UNT Dra. Carmen Fintan, esposa del fallecido Luis Iriarte. Ahora deberán proceder conforme a derecho.
El petitorio presentado ante las autoridades del CAT arrincona a la dirigencia en su propia casa, por presentada la solicitud formal de exclusión de la matrícula del condenado José Orellana, se impulse de inmediato el trámite utilizando las atribuciones de gobierno y depuración institucional que la Ley Nº 5233 le otorga al Colegio y disponga la expulsión formal y definitiva del padrón de matriculados, limpiando la casa antes de apagar las velitas.
Las paredes del centenario Colegio de Abogados tiemblan. La gran pregunta que flota en el aire tucumano en vísperas del gran aniversario es si el Consejo Directivo elegirá seguir bailando al ritmo de la corporación o si tendrá el decoro de limpiar la placa antes de comer un canapé y brindar.
