Hay una frase vieja del campo que seguro escucharon alguna vez: “Es fácil cabalgar cuando tenés el caballo del comisario”. Bueno, en Tucumán eso no es un refrán, es el manual de procedimiento político. Es la cruda realidad de una provincia donde los recursos públicos no van a las escuelas ni a los caminos; van a los expedientes para blindar al poder.
Raquel Graneros en su lujoso despacho. Muebles, pisos e iluminación en detalles santuarios.
Miren el caso de Graneros, una radiografía perfecta de cómo funciona el feudo. Su intendenta, Raquel Graneros —conocida por los lujos de su público despacho y sus mansiones—, ostenta un récord insólito: tiene el staff de abogados más caro de toda la provincia. ¿Y para qué usa semejante millonada en honorarios? ¿Para defender el patrimonio municipal? No. Lo usa para querellar a sus propios vecinos y blindarse de denuncias por malversación de fondos.
El resultado de este festival de recursos es escalofriante: diez mujeres, vecinas de Graneros, terminaron imputadas y penalmente criminalizadas solo por animarse a reclamar.
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Y acá viene la asimetría que te revuelve el estómago: mientras la intendenta las embiste con una maquinaria jurídica que cuesta fortunas pagadas por los tucumanos, ¿saben qué tienen que hacer esas diez laburantes para defenderse? Tienen que vender bollos para pagar los gastos del juicio. Tienen que amasar y prender el horno de barro para no terminar presas. La opulencia del Estado contra los bollos de la dignidad.
La abogada Paula Morales Soria habla a la prensa luciendo Gafas Cat Eye Trendy Blue Light, abogada experta en «bozal legal», pieza fundamental en el esquema de trabajo de Osvaldo Jaldo.
Pero rasquemos un poquito más la olla, porque el nombre de la abogada que maneja esta infantería judicial es la clave de todo: la Doctora Paula Morales Soria. Sí, la misma abogada que atiende en el mostrador del mismísimo gobernador, Osvaldo Jaldo. Ese es el quid de la cuestión: es la abogada del Gobernador.
Morales Soria es una figurita la censura en Tucumán.
Es la misma profesional que el gobernador usó para ir a la yugular e imponer un bozal legal a la diputada nacional Soledad Molinuevo. Una especialista con muy poca antigüedad en la matrícula pero con una velocidad impresionante para trepar en los tribunales, financiada con los cuantiosos honorarios que cobra y que provienen de las cajas municipales y provinciales.
Edmundo Jimenez, Daniel Leiva y Whasington Navarro Davila, el Triunvirato de la Junta electoral contra lo que manda el art. 43 inc. 14 de la Constitución Provincial.
El círculo de impunidad se cierra con una foto que congela la sangre: en el teatro Mercedes Sosa, los miembros de la Junta Electoral —quienes deberían garantizar la imparcialidad— aparecieron aplaudiendo de pie y sonrientes la designación de Raquel Graneros. ¿Qué justicia van a encontrar las vecinas de Graneros cuando los dados locales están tan groseramente cargados?
La última esperanza: Cruzar la frontera. Como dice el refrán: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.
Por eso, cuando la justicia provincial se convierte en una escribanía del poder, la única salida es mirar hacia afuera. Mientras la intendenta gasta millones en perseguir vecinas y el Gobernador Jaldo denuncia y pide mordazas, en la justicia federal se teje otra historia: hoy, tanto Raquel Graneros como el gobernador Jaldo están bajo la lupa y sospechados de lavado de activos.
10 vecinas de Graneros imputadas por la propia Intendenta.
Hoy, la PROCELAC y los tribunales de Comodoro Py se convirtieron en la última trinchera para los tucumanos. Porque ahí, en Buenos Aires, a las luces del poder de San Miguel de Tucumán se les corta la corriente y el caballo del comisario se queda sin nafta.
Es triste, pero en Tucumán la justicia local no es ciega. Para las mujeres que venden bollos, cae todo el peso de un aparato judicial adicto. Para los gobernantes sospechados de mover plata negra, queda la esperanza de que la Justicia Federal ponga las cosas en su lugar y demuestre que, tarde o temprano, a los feudos también se les termina la impunidad.
