De los sótanos de la dictadura a la simulación de transparencia democrática: el extraordinario derrotero de Gilda Pedicone de Valls. Cómo la actual Fiscal de Estado transitó sin contradicciones el bussismo, la Fundación Pensar del macrismo y la cúpula del jaldismo, garantizando la impunidad técnica de los gobernantes de turno a cambio de impunidad burocrática.
En el complejo ecosistema político de Tucumán, los partidos cambian de nombre, las banderas ideológicas se reemplazan en las fachadas y los gobernantes se suceden en medio de encarnizadas disputas. Sin embargo, la arquitectura profunda del poder legal, aquella encargada de diseñar los cerrojos procesales y los paraguas jurídicos para blindar a la elite gobernante, permanece inalterable en manos de unos pocos técnicos. La actual Fiscal de Estado de la provincia, la doctora María Gilda Pedicone de Valls, es el paradigma absoluto de esta supervivencia.
Su historial revela una asombrosa trayectoria de camaleonismo político y pragmatismo metodológico, logrando servir con idéntica devoción a dictadores de derecha, al purismo macrista y a las tribus más herméticas del justicialismo tucumano.
A continuación, trazamos la línea de tiempo cronológica de una de las figuras más influyentes y cuestionadas del derecho público provincial.
1) El germen: Operativo Independencia y devoción bussista (1975 – 1999)
El vínculo de Gilda Pedicone de Valls con el ejercicio del poder estatal no se inició con el voto popular, sino bajo el ala del Terrorismo de Estado. Registros oficiales presentados en megacausas federales por crímenes de lesa humanidad confirman que la abogada ingresó a la planta de la Fiscalía de Estado de Tucumán entre mayo de 1975 y octubre de 1976. Este período crucial coincidió con el sangriento «Operativo Independencia» y los primeros meses de la dictadura militar iniciada en marzo de 1976.
Esta temprana relación burocrática sembró una confianza política inquebrantable con el exgeneral Antonio Domingo Bussi. Con el retorno de la democracia y el anómalo acceso de Bussi a la gobernación provincial por la vía de las urnas en 1995, el exdictador no vaciló en nombrarla Fiscal de Estado de la Provincia, convirtiéndola en la jefa de todos los abogados públicos durante todo su mandato.
La lealtad de la letrada hacia su mentor político quedó sellada en 1998, cuando estalló el escándalo internacional por el ocultamiento de cuentas bancarias secretas de Bussi en Suiza. Ante la inminencia de una destitución por mal desempeño en la Legislatura, Pedicone de Valls asumió la defensa profesional y la coordinación del equipo de abogados del dictador. Apelando a un implacable rigorismo procesal y chicanas sobre plazos caídos, logró bloquear los dos tercios de votos necesarios para removerlo. Aquella jornada de impunidad parlamentaria fue sintetizada por el legislador justicialista Enrique Pedicone con una frase histórica: «Bussi ganó, pero el país perdió».
2) El colosal perjuicio de «Aguas del Aconquija» (1995 – 2007)
La «solvencia técnica» de Pedicone de Valls al frente de la Fiscalía de Estado bussista dejó una ruina económica que hipotecó el futuro de los tucumanos. Durante la segunda mitad de los años noventa, fue la diseñadora y ejecutora directa de la estrategia litigiosa de la provincia frente a la concesionaria de agua y cloacas Compañía Aguas del Aconquija (CAA), subsidiaria de un grupo de capitales franceses.
Su pésima ingeniería procesal arrastró a Tucumán a un tortuoso arbitraje internacional ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). La consecuencia de esta fallida defensa fue catastrófica: en 2007, el tribunal internacional condenó definitivamente a la provincia a pagar la astronómica suma de U$S 105 millones de dólares más costas e intereses. Esta millonaria sentencia constituye uno de los mayores perjuicios fiscales en la historia de la administración pública de Tucumán; una deuda monumental que los contribuyentes tucumanos siguen pagando de sus propios bolsillos.
3) El refugio académico, la «Fundación Pensar» y el guiño constitucional a Jaldo (2015 – 2017).
Tras el colapso y la desintegración del bussismo, Pedicone de Valls se replegó en la actividad académica en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Rápidamente acomodó sus velas a los nuevos vientos políticos nacionales y provinciales, alineándose con la coalición opositora Cambiemos y el partido PRO de Mauricio Macri. De hecho, se convirtió en una activa militante e intelectual de la Fundación Pensar (el think tank diseñado por el macrismo), mostrándose ante los medios locales como una «purista del republicanismo alberdiano» en las antípodas ideológicas del peronismo gobernante.
Sin embargo, su camaleonismo volvió a emerger con nitidez en agosto de 2017.
En aquel momento, la provincia debatía febrilmente el futuro electoral del entonces vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien se postulaba como candidato a diputado nacional. La encrucijada radicaba en si Jaldo debía renunciar a su cargo ejecutivo provincial o si podía acogerse a una polémica licencia indefinida para retener su cuota de poder en Tucumán.
Mientras prestigiosos constitucionalistas de la provincia (como Rodolfo Burgos, Sergio Díaz Ricci y Carmen Fontán) dictaminaron de manera unánime que las constituciones nacional y provincial impedían categóricamente la figura de la licencia para legisladores electos, Pedicone de Valls salió públicamente al rescate de Jaldo.
Fue en una nota del diario La Gaceta, donde la abogada macrista de la Fundación Pensar aseguró que el entonces vicegobernador «Cumple las condiciones para ser elegido y ocupar el cargo». Argumentó categóricamente que la candidatura de Jaldo y su eventual licencia eran constitucionalmente válidas por tratarse de un cargo unipersonal diferente al de Gobernador. Este oportunismo doctrinario sirvió como el «guiño constitucional» y el paraguas técnico indispensable para legitimar la maniobra del vicegobernador; una moneda de cambio silenciosa que Jaldo jamás olvidaría. Ese día Pedicone de Valls construyó su salvoconducto para volver a tener hoy el cargo que tuvo con el genocida Bussi
4) La primera recompensa: blindaje del secretismo legislativo y repudio masivo (2020 – 2021).
La devolución de favores se materializó en marzo de 2020, en el epicentro de la feroz guerra interna entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo por el control del aparato oficialista. Con el objetivo de fortificar jurídica y políticamente su bastión de la Legislatura, Jaldo creó de la nada la Dirección de Asesoría Letrada del parlamento y designó allí a Gilda Pedicone de Valls.
Este cargo le otorgó un poder burocrático monumental: la facultad exclusiva de dictaminar sobre la legalidad de los actos parlamentarios y, crucialmente, la potestad de iniciar sumarios administrativos disciplinarios contra cualquier empleado de la Cámara. Jaldo colocaba así a la abogada más implacable del foro local para disciplinar a su tropa interna.
La designación de la exabogada del genocida Bussi desató una ola de indignación nacional y provincial:
• El repudio de los Derechos Humanos (Marzo de 2020): Un amplísimo arco de organismos (Asociación de Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, ANDHES, H.I.J.O.S. Tucumán, APDH, entre otros) emitió un durísimo documento de repudio. Denunciaron que Jaldo «ignora las políticas de Memoria» y que su nombramiento representaba «un guiño a quienes promueven una política negacionista del Terrorismo de Estado», alertando que la Legislatura se estaba transformando en un «verdadero huevo de serpientes».
• La rebelión de la Juventud Peronista (Marzo de 2021): La propia militancia justicialista se sublevó. El presidente de la JP, Alberto Pino, y diversos consejeros enviaron cartas formales exigiendo el inmediato apartamiento de la funcionaria por ser «opaca y repugnante» a los valores del movimiento peronista moderno que abraza la Memoria, Verdad y Justicia. El reclamo se viralizó bajo la consigna: “No queremos bussistas en nombre del peronismo #NuncaMás”.
Jaldo impuso un férreo silencio institucional y bloqueó cualquier pedido de renuncia.
Pedicone de Valls permaneció inamovible en su cargo, operando como el cerrojo jurídico que blindó el secretismo informativo y resguardó la caja de la Legislatura frente a los embates judiciales del manzurismo.
5) La restauración ejecutiva de la mano de Jaldo Gobernador (2023 – actualidad)
El ajedrez del camaleonismo político completó su ciclo en octubre de 2023. Con la consagración de Osvaldo Jaldo como gobernador constitucional de la provincia, el mandatario recompensó la lealtad procesal de su operadora legal elevándola al máximo cargo de la abogacía provincial: nombró a Gilda Pedicone de Valls como Fiscal de Estado de la Provincia.
La paradoja era total: la abogada regresaba exactamente al mismo sillón ejecutivo que había ocupado en los años noventa bajo las órdenes del represor Bussi. Al prestar juramento, Pedicone de Valls ensayó su habitual coartada de despolitización y neutralidad técnica al declarar frente a las cámaras: «Queremos dar el mejor servicio jurídico al Estado».
6) La farsa de la Ley de Acceso a la Información Pública (2024 – actualidad).
Conscientes del desgaste de imagen de la Fiscal de Estado, asociada históricamente al oscurantismo y a la opacidad institucional, el binomio Jaldo-Pedicone de Valls protagonizó una calculada puesta en escena mediática el 29 de octubre de 2024.
En una pomposa conferencia de prensa, sentada al lado del Gobernador, la Fiscal de Estado anunció el envío a la Legislatura de un postergado proyecto de ley de Acceso a la Información Pública. Con absoluta soltura, Pedicone de Valls declaró ante los periodistas:
«Hay una serie de medidas pensadas para abrir realmente a la comunidad lo que la gestión está haciendo».
A día de hoy, 30 de agosto de 2026, la farsa de la transparencia ha quedado completamente al descubierto. El rimbombante anuncio de 2024 no fue más que un escudo filosófico de ocasión. El proyecto duerme cajoneado en la Legislatura y la provincia de Tucumán continúa figurando en el vergonzoso lote de las cuatro únicas provincias de la República Argentina que carecen de una Ley de Acceso a la Información Pública.
La línea de tiempo de Gilda Pedicone de Valls es el espejo del poder real en Tucumán. Su trayectoria demuestra que, para los gobernantes de turno, la solvencia para erigir cortafuegos procesales y blindar la opacidad del Estado es una mercancía mucho más valiosa que la coherencia doctrinaria o los Derechos Humanos. De defender al genocida Bussi a militar en la Fundación Pensar del macrismo, y de blindar el secretismo legislativo a simular leyes de transparencia jaldistas que nunca se cumplen, Pedicone de Valls sigue estando en el vértice legal del Estado, recordándonos que en Tucumán las caras de los gobernantes cambian, pero sus guardianes jurídicos siempre son los mismos.
