La Comisaría de Banda del Río Salí quedó en el centro de una grave acusación judicial por abuso de autoridad y violencia institucional.
El abogado Ernesto Enzo Nieva, de 69 años, denunció formalmente al personal de la dependencia por los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones y apremios ilegales.
El conflicto se originó la noche del miércoles 9 de septiembre. Nieva acudió a la comisaría para asistir a un cliente que había protagonizado un accidente de tránsito fatal. Ante una demora inusual en las actuaciones, que los policías justificaban argumentando que «la fiscalía no atendía el teléfono», el letrado decidió reclamarle explicaciones al tercer jefe de la dependencia, un oficial de apellido Vaca.
La agresión y el encierro
Según consta en la denuncia, que ya fue girada a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, la situación se descontroló cuando el abogado ingresó a una oficina acompañando a la esposa de su cliente.
«Apenas entré, el Oficial Vaca me increpó y me ordenó que esperara afuera. Le pregunté cuál era el problema y le dije que la demora era inusual. Se levantó raudamente golpeando el escritorio (…). Inmediatamente, sin que mediara ninguna orden ni advertencia previa, tres efectivos policiales se me vinieron encima. El Oficial Vaca me tomó del cuello», relató Nieva.
El abogado aseguró que fue empujado y llevado por la fuerza hacia una habitación en el interior del edificio mientras los policías le decían que «estaban cansados de los abogaduchos». Al llegar al cuarto, donde había mujeres demoradas, sufrió una requisa exhaustiva:
Lo palparon en todo el cuerpo, incluyendo sus partes íntimas.
Le secuestraron el teléfono celular y le revisaron la billetera.
Le negaron la posibilidad de comunicarse con un colega.
Pese a advertir que es hipertenso y cardíaco, le negaron el acceso a su medicación.
Descompensación y firmas bajo presión
El calvario de Nieva se extendió hasta la madrugada. Cerca de la 1 de la mañana, sintió que se le secaba la boca, pidió agua y, al beberla, se desvaneció y se golpeó fuertemente la cabeza.
Todavía mareado y en estado de vulnerabilidad, los efectivos le exigieron firmar un papel para devolverle sus pertenencias. «Me hicieron firmar algo que no recuerdo qué era, y recién entonces me devolvieron el teléfono celular y la credencial. Esa firma fue puesta en estado de descompensación física, sin lectura ni comprensión del contenido», reclamó el letrado en su escrito.
Ante la gravedad de los hechos, el abogado solicitó el secuestro inmediato de ese documento, así como de los libros de guardia, e instó a que se perite su teléfono para comprobar si los efectivos vulneraron el secreto profesional con el resto de sus clientes. El caso ya fue puesto en conocimiento del Colegio de Abogados de Tucumán y del ministro de Seguridad de la Provincia, Eugenio Agüero Gamboa.
Con información de Entérate.
