Aydar rechazó con dureza el pedido de cañeros para quemar caña sin sanciones.

Opinión del Dr. Alfredo Aydar.

El abogado Alfredo Aydar, reconocido por su defensa del medio ambiente, fue categórico al rechazar la pretensión de sectores cañeros tucumanos que solicitaron poder quemar caña sin sufrir sanciones judiciales.

La polémica surgió luego de que productores plantearan ante autoridades provinciales su preocupación por la prohibición absoluta de quemar caña, argumentando que esa medida afecta el inicio de la zafra y la cosecha semimecanizada.

Productores cañeros interceptó al secretario de la Producción de la provincia, Eduardo Castro

Frente a ese reclamo, Aydar fue tajante:

“Permitir la quema de caña sin sanciones es un acto criminal contra nuestro medio ambiente. Es abrir la puerta para que sigan haciendo daño”

El abogado advirtió que Tucumán viene padeciendo desde hace décadas las consecuencias de la falta de control estatal, la inacción de los organismos competentes y una cultura de impunidad ambiental que afecta directamente a miles de vecinos.

“Ya venimos padeciendo durante décadas la inacción y la falta de control estatal. Ahora pretenden quemar caña libremente para convertir a Tucumán en una esfera de humo y contaminación”, expresó Aydar.

En esa línea, remarcó que la quema de cañaverales no solo genera contaminación ambiental, sino que también perjudica la salud de vecinos, niños, adultos mayores y animales, además de provocar un daño cruel e impune sobre todo el ecosistema. Ademas genera accidente de transito viales, cortes de energia electrica, viviendas incendiadas etc.

Para Aydar, el planteo de quemar sin sanciones representa un grave retroceso institucional y ambiental.

“No puede haber producción a costa de la salud de la gente ni del castigo permanente a la naturaleza. El desarrollo productivo debe ser responsable, controlado y compatible con la vida”, señaló.

Finalmente, el abogado sostuvo que el Estado debe garantizar controles firmes, sanciones efectivas y una política ambiental seria que ponga límites claros a prácticas que, año tras año, afectan la calidad de vida de los tucumanos.