El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no existen pruebas suficientes para sostener que el patrimonio del exjefe de Gabinete se originó en un enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno. Sin embargo, pidió investigar posibles irregularidades tributarias y que el expediente pase al fuero Penal Económico.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro importante. El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario público.
Según informó Infobae, el dictamen considera que no pudo descartarse que el dinero cuestionado tuviera un origen anterior a la llegada de Adorni al Gobierno nacional, en diciembre de 2023.
Por ese motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que la causa deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
La decisión no significa que Adorni haya sido sobreseído ni que la investigación haya quedado cerrada. Por el contrario, Pollicita pidió profundizar otra línea de investigación: una posible evasión impositiva.
Las criptomonedas, en el centro de la explicación
Uno de los puntos centrales del expediente fue la explicación patrimonial presentada por Adorni, quien atribuyó parte de sus ahorros a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018.
Según la versión de su defensa, habría invertido aproximadamente 200.000 dólares y posteriormente obtenido 591.544,61 dólares mediante la liquidación de esos activos virtuales.
La fiscalía realizó verificaciones técnicas sobre ocho billeteras de criptomonedas. Las pericias confirmaron que la defensa tenía las claves privadas al momento de la revisión, aunque también señalaron que la tecnología blockchain no permite establecer con certeza quién controlaba esas billeteras años atrás.
Para Pollicita, los elementos reunidos no permitieron descartar la explicación presentada por el exfuncionario.
Los gastos que estuvieron bajo investigación
Durante la investigación se analizaron operaciones patrimoniales, compras inmobiliarias, refacciones, viajes y distintos movimientos económicos.
El dictamen contabilizó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se habrían abonado en efectivo.
También se detectó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas correspondientes al período investigado.
Entre las operaciones examinadas figuraron:
La compra de una propiedad en el country Indio Cuá.
La adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Las remodelaciones de ambas propiedades.
Los préstamos privados utilizados para financiar operaciones inmobiliarias.
Los gastos de viajes, expensas y otros consumos familiares.
Ahora investigarán una posible evasión impositiva
Aunque el fiscal consideró insuficientes las pruebas para mantener la acusación por enriquecimiento ilícito, advirtió que podrían existir irregularidades tributarias vinculadas con ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales que no habrían sido declarados oportunamente.
Por eso solicitó investigar posibles incumplimientos en los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, entre otros.
Además, pidió que se analice la actuación de otras personas vinculadas con las operaciones patrimoniales, entre ellas desarrolladores inmobiliarios y un contratista. También solicitó que se evalúe la intervención de la escribana que participó en determinadas operaciones.
La última palabra la tendrá la Justicia
El planteo del fiscal Gerardo Pollicita deberá ser analizado por el juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si acepta el cambio de competencia y remite el expediente al fuero Penal Económico.
Por ahora, el escenario judicial cambia de dirección: la hipótesis de enriquecimiento ilícito pierde sustento para la fiscalía, pero las posibles irregularidades fiscales continúan bajo investigación.
