Tucumán se desangra entre la pobreza y la falta de transparencia. Mientras el Gobernador justifica créditos millonarios amparado en su «actividad privada», la provincia se hunde bajo un sistema de secretismo patrimonial que protege a la élite política desde hace medio siglo.
Con un vergonzoso historial de opacidad Tucumán se sitúa como la provincia más rezagada en rendición de cuentas del país, el sistema funciona como un feudo infranqueable. Aquí, conocer el patrimonio de los funcionarios no es un derecho ciudadano, sino una carrera perdida de antemano contra un entramado legal diseñado para proteger el secreto y perpetuar la impunidad.
Causalidad o el “milagro” de la casualidad
Osvaldo Jaldo, un hombre cuya biografía de estado público se confunde con las planillas del erario -que también es público-, desde los años 80 trabaja como político y protagoniza hoy un escándalo que desafía las leyes de la estadística y la ética política. El mandatario tucumano ha intentado, con escaso éxito, sofocar el incendio reputacional provocado por la toma de créditos por 330 millones de pesos.
Ha expresado públicamente: – “Yo tengo una actividad agrícola ganadera, soy productor hace más de 35 o 40 años. Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia, hace seguramente más de 30 años; casualmente, la misma entidad financiera que custodia y administra los millonarios recursos del Estado provincial.
En una conferencia ante la prensa que rozó el cinismo, Jaldo pretendió blindar su patrimonio personal bajo el argumento de que tales fondos son «exclusivamente inherentes» a su actividad agropecuaria. Según su relato, esta faceta empresarial se extiende por cuatro décadas, un periodo que —con una precisión matemática asombrosa— coincide exactamente con su permanencia ininterrumpida en el poder político.
– “Yo tengo una actividad agrícola ganadera, soy productor hace más de 35 o 40 años. Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia, hace seguramente más de 30 años…”
Según su versión, es un productor con cuatro décadas de trayectoria; un periodo que, por una «asombrosa coincidencia», calza a la perfección con su currículum como funcionario público a tiempo completo.
Lo que el gobernador Jaldo intenta presentar como el fruto de un esfuerzo privado de cuarenta años, se revela bajo una luz más cruda: la simbiosis perfecta entre el funcionario que firma contratos estatales y el empresario que recibe beneficios bancarios.
Mientras la provincia lidia con deudas y asimetrías, el gobernador parece haber perfeccionado una fórmula de éxito que pocos productores tucumanos conocen:
cómo ser un jerarca público a tiempo completo y, simultáneamente, un próspero terrateniente que nunca sufre las inclemencias de la economía que él mismo administra.
En algunas oportunidades ante la prensa, el propio Jaldo se autodefinió como el “quebrachito tranqueño”.
La pregunta que queda flotando en el aire tucumano no es si el crédito existe, sino si la frontera entre el bolsillo del mandatario y el mostrador del banco que maneja los fondos públicos ha dejado de existir por completo.
El «Próspero» Gobernador Jaldo y sus 40 Años de una Inexplicable Presencia Política, es la Paradoja del Productor es que mientras el sector productivo de Tucumán se asfixia bajo la presión impositiva y la falta de financiamiento, el Gobernador parece haber hallado la fórmula del éxito: desarrollar una carrera empresarial de 40 años sin que su dedicación a la «cosa pública» le haya restado un ápice de rentabilidad a sus campos.
El Refugio en el «Secretismo» de la Ley 3.981
El blindaje de Jaldo no es casual; es sistémico. La provincia se rige por, una norma obsoleta sancionada en agosto de 1973 que consagra el “secreto patrimonial”. Bajo esta ley, los funcionarios están obligados a presentar declaraciones juradas, pero las mismas se entregan en sobres cerrados y lacrados, prohibiendo terminantemente su divulgación pública. Cualquier persona que viole el secreto de estas declaraciones puede ser exonerada de su cargo o enfrentar responsabilidades penales.
Mientras el resto del país avanzó hacia el libre acceso a la información, Tucumán eliminó su Fiscalía Anticorrupción en 2005, eliminando cualquier organismo de control real.
Mientras el pueblo tucumano, embarrado y de espaldas, señala con indignación hacia el vacío, el Gobernador y sus ministros son apenas reflejos traslúcidos, fantasmas de una gestión que nunca pisó el territorio. Aquí no hay soluciones, solo una proyección espectral sobre la tragedia de una provincia que ya no cree en sombras.
El Costo Humano: Pobreza e Inundaciones
Este esquema de protección patrimonial tiene un correlato directo en la degradación social de la provincia. Mientras la élite política se rige por leyes desuetudas –sin uso-, para no mostrar sus bienes, Tucumán se hunde con más de 220.000 pobres, escuelas cerradas, carencia de obras de infraestructura e inundaciones.
Fondos que deberían destinarse a infraestructura crítica para evitar que la provincia se inunde cada año parecen perderse en municipios intervenidos o bajo sospecha de desfalcos, este sistema se entrelaza con un Poder Judicial neutralizado, protegiendo a funcionarios y garantizando que la ley se aplique solo al ciudadano común.
La interrogante que flota sobre las calles crónicamente inundadas de Tucumán es tan simple como demoledora: si el patrimonio del mandatario es el fruto transparente de su esfuerzo, ¿por qué se refugia en un blindaje normativo de hace medio siglo para ocultarlo?
La gestión de Osvaldo Jaldo no debe leerse como una simple administración con déficit de transparencia; es, en rigor, la consolidación de un sistema diseñado para instrumentalizar la ley del pasado en la protección de la riqueza del presente. Es el uso de la burocracia como escudo y de la antigüedad como coartada.
Mientras el poder se atrinchera en tecnicismos de otra época para blindar sus cuentas, se envía un mensaje inequívoco a la sociedad tucumana: en este esquema, “la ética pública no es un valor a alcanzar, sino una amenaza que el sistema no está dispuesto a tolerar”.
