El oficialismo político tucumano ha entrado en una fase de desencanto estratégico. La narrativa de «colaboración y pragmatismo» que el gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo para justificar su dialoguismo con el Presidente Javier Milei, y el alineamiento de sus diputados con La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, choca hoy contra una compleja realidad: el torniquete económico y la falta de inversión en obras de infraestructura.
Ayer, en la conferencia de prensa del Comité de Emergencias, integrado en gran parte por funcionarios que asistieron con sus zapatos lustrados, se vió como el discurso oficial ha pasado de las grandes promesas de desarrollo a una confesión de vulnerabilidad. Al afirmar que la prioridad absoluta es «pagar los sueldos para mantener la paz social», Jaldo admite que el margen de maniobra de la provincia se ha reducido bastante: a poco más de «una planilla salarial y media». Como si el gobernador hubiera presentado la «carta de pobreza», para ahorrarse el costo de algún trámite burocrático.
Justo el día después de que las lluvias, y de que volviera a colapsar la infraestructura básica de una parte importante de la provincia, el mandatario volvió a problematizar la relación con el gobierno nacional, en lo que fue un giro dialéctico astuto: la falta de inversión ya no es una falla de gestión local, sino una consecuencia inevitable de un «incumplimiento» externo que él, apostó a evitar mediante el diálogo.
Días atrás, Emiliano Canseco, explicaba que en el pasado mes de marzo, la caída del 6,3% en las transferencias nacionales ubicaba a Tucumán como la segunda provincia más castigada del país. El «dialoguismo» no blindó las arcas provinciales.
La Obra Pública: ¿Gestión o Cartelización de la demora?
Mientras el discurso oficial resalta que la Provincia «asumió» con recursos propios el Procrear II y el acueducto de Vipos, los expedientes del Tribunal de Cuentas cuentan otra historia. Empresas como Alfa Constructora SRL («la empresa Terrafista»), Gama SA y otras más, han solicitado prórrogas idénticas de hasta 178 días. Las coincidencias procedimentales muestran a las claras un mecanismo, ya descripto: el Ministerio de Obras Públicas convalida estas demoras casi de inmediato.
Esta «cartelización de los plazos» permite al Gobierno evitar la declaración de parálisis formal y diferir los pagos de los Certificados de Obra, mientras que las constructoras retienen contratos sin avances de obras sustanciales. Es una simulación de actividad donde el beneficiario no es el adjudicatario de la vivienda, sino el equilibrio fiscal de corto plazo, y las constructoras amigas, que siguen adentro de un circuito bastante aceitado.
Pareciera entonces que la bandera de la «Obra Pública Provincial» se está destejiendo, y lo que se presentaba como un rescate heroico de proyectos nacionales, hoy se exhibe como un sistema de prórrogas administrativas diseñado para ganar tiempo.
En este tramo del mandato, la encrucijada se hace evidente: el Jaldo Político ha perdido terreno frente al Jaldo Contador. Aquella figura que apostaba fuerte en el tablero nacional hoy se ve reducida a ser un administrador de la escasez, cuyo único objetivo real es cerrar los números y garantizar la paz social.
