La Honorable Legislatura de Tucumán, señalada como la más costosa y opaca del país, se prepara para interpelar a la ministra de Educación de Tucumán Susana Montaldo por presuntas irregularidades.
Entre el despilfarro de una «banca de oro» que consume millones por parte de los legisladores y el abandono edilicio de las escuelas provinciales, el proceso se perfila más como un simulacro institucional que como un verdadero ejercicio de transparencia.
En el surrealista teatro de la política tucumana, acabamos de alcanzar el clímax del absurdo. La Legislatura de Tucumán —esa que ha dejado de ser un órgano de control para convertirse en una «escribanía servil» del Ejecutivo— se prepara ahora para interpelar a la ministra de Educación, Susana Montaldo en su próxima sesión. El motivo aparente: irregularidades y corrupción.
La paradoja, sin embargo, es tan grande que no cabe en el edificio de la “Honorable Legislatura de Tucumán” de la calle Muñecas ya que la institución más costosa y opaca del país pretende dar lecciones de ética pública.
Es, literalmente, el reino del revés.
El Banquete de la Casta vs. El Hambre de las Aulas
Hablemos de números, esos que el poder intenta camuflar en la oscuridad de las cuentas «negras» y que se pueden consultar en el Acuerdo del Tribunal de Cuentas número 3883.
Mientras se convoca a una funcionaria para rendir cuentas, cada uno de los 49 legisladores que la sentarán en el banquillo, le cuesta a los tucumanos la astronómica cifra de $2.735 millones anuales.
El contraste es, sencillamente, indignante. Mientras las escuelas rurales enfrentan carencias estructurales históricas, la Legislatura de Tucumán se consolida como la más cara de Argentina, consumiendo el 3,9% del presupuesto total de la provincia.
Un representante tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño, a pesar de tener una cantidad similar de representantes.
La «banca de oro» de un legislador local cuesta siete veces más que un representante de la Región de Murcia, en España.
El presupuesto legislativo ($134.037 millones) representa el 44% de todos los gastos de capital proyectados para la provincia (obras, escuelas, hospitales).
Resulta una bofetada a la miseria provincial que estos «representantes del pueblo» consuman $228 millones mensuales por cabeza. Para ponerlo en perspectiva: el gasto de un solo legislador alcanzaría para mantener 10 escuelas grandes en condiciones edilicias perfectas durante todo un año. Pero en lugar de techos sanos, tenemos una «aristocracia política» que devora el 3,9% del presupuesto total de la provincia, la participación más alta de toda la Argentina.
Hoy sabemos a ciencia cierta que existen al menos 200 escuelas, solamente en el interior de la provincia de Tucumán, sin funcionar como consecuencia de las inundaciones.
Es cínico que la Legislatura se rasgue las vestiduras por el manejo de fondos cuando ella misma representa un «agujero negro» institucional. El presupuesto legislativo de $134.037 millones equivale al 44% de toda la obra pública de la provincia. Por cada dos pesos que se destinan a rutas o centros de salud, casi un peso se lo queda el mantenimiento de esta estructura parasitaria.
La interpelación a Montaldo no parece un ejercicio de transparencia, sino un simulacro de institucionalidad.
¿Con qué autoridad moral preguntarán por desfalcos los legisladores que convalidan un sistema donde el dinero destinado a educación desaparece en el laberinto del «dinero negro» y los acoples ?. Mientras el Tribunal de Cuentas confirma que fondos de UNICEF y el INET se manejaban fuera de control, la Legislatura sigue siendo el epicentro del despilfarro.
Tucumán no es una provincia pobre; es una provincia saqueada por un régimen que cambió la Constitución por la lealtad feudal de la casta política.
Si la intención de los legisladores fuera realmente proteger el futuro de los tucumanos, la primera interpelación debería hacerse frente a un espejo. Porque mientras ellos juegan a ser jueces de la moral ajena, cada sesión es un clavo más en el ataúd de la representación republicana.
Al final del día, lo que hoy impera no es el debate democrático, sino la protección de una casta que se alimenta del hambre y la desidia.
Ministra e interpeladores son piezas del mismo engranaje de una jurisdicción fallida cuyo pedido de intervención federal se encuentra planteado en la justicia federal. Lo demás, es puro teatro para la tribuna.
