Por qué la Justicia de Tucumán está al borde del colapso

De la identificación de cadáveres NN por métodos manuales a la demora de 70 días para abrir un celular: el diagnóstico de un sistema que se queda sin herramientas.

El periodista Gustavo Rodríguez reveló en La Gaceta que, aunque el digesto procesal es ágil, la realidad de los laboratorios y gabinetes es opuesta. Los fiscales, que deberían cerrar causas en seis meses, se ven obligados a pedir prórrogas constantes ante la imposibilidad de procesar pruebas básicas.

1. Identificación de personas: Un sistema del siglo pasado
La provincia carece de una base de datos de huellas dactilares unificada. Ante el hallazgo de cuerpos NN en ríos durante el verano, los peritos deben realizar cotejos manuales.

Muestras genéticas: los resultados de ADN tardan entre 30 y 45 días, y solo sirven si hay material previo para contrastar, ya que tampoco existe un registro de perfiles genéticos provincial.

2. El desmantelamiento de las pericias psicológicas
Por razones presupuestarias, el Ministerio Público desmanteló su gabinete de psicología en 2024. Ahora, las pericias dependen del Siprosa, cuyos profesionales están desbordados por la atención general.

Cámara Gesell: conseguir un turno para que una víctima declare puede demorar meses, lo que revictimiza a los involucrados y dilata los procesos de abuso o violencia.

Autopsias psicológicas: no hay especialistas para realizar este estudio clave en casos de muertes dudosas.

3. El «muro» de los teléfonos móviles
Los celulares son la prueba reina, pero en Tucumán abrirlos es un desafío técnico y económico.

iPhone: la provincia no invirtió en la tecnología necesaria para desbloquear dispositivos de Apple sin la clave del usuario.

Lista de espera: el peritaje de los teléfonos secuestrados en la agresión de Tafí del Valle (29 de enero) recién se realizará el 8 de abril, 70 días después del hecho.

Escuchas demoradas: a diferencia de Salta, donde el seguimiento es en vivo, en Tucumán las grabaciones llegan con un retraso de hasta 24 horas. Para cuando un fiscal escucha un plan criminal, el delito probablemente ya se cometió.

4. Cámaras de seguridad sin nitidez
A pesar de la proliferación de cámaras públicas y privadas, la provincia no cuenta con software para mejorar la calidad de imágenes borrosas. Sin este procesamiento, muchas grabaciones son descartadas como evidencia por los jueces.