El Gobierno Nacional ha decidido acelerar a fondo uno de los capítulos más sensibles del acuerdo comercial con los Estados Unidos: la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, la intención es llevar el debate al Congreso durante el mes de abril.
¿Ley vigente u obsoleta?
La trastienda del poder expone una grieta técnica sobre cómo avanzar. Mientras un sector del oficialismo sostiene que el expediente con media sanción del Senado de 1998 ya es «obsoleto» para las exigencias actuales de Washington, otros sectores presionan para tratarlo directamente en Diputados y evitar una «reapertura de la ingeniería legislativa» que podría empantanar el proyecto.
El impacto en los laboratorios
El frente más delicado no es el parlamentario, sino el empresarial. La puja divide aguas:
Laboratorios Internacionales: Presionan por la adhesión inmediata para proteger sus activos globales.
Laboratorios Locales: Resisten la medida advirtiendo sobre el impacto letal en la competencia de medicamentos genéricos y el mercado interno.
El «tarifazo» del INPI y el fin de las restricciones
Como antesala a la ley, el Ejecutivo ya movió fichas administrativas. A través de la resolución 75/2026 del INPI, se creó la UMAPI (Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial), un sistema que desde mayo aplicará aumentos mensuales atados al IPC en todos los trámites del organismo.
Además, se eliminaron las restricciones de 2012 que limitaban la patentabilidad farmacéutica. Ahora, el organismo resolverá caso por caso bajo la Ley 24.481, quitando el «filtro específico» que protegía a la industria nacional frente a las grandes multinacionales químicas.
