En un movimiento que marca el fin de una era en la minería argentina, el Gobierno Nacional oficializó este lunes su retiro definitivo de la empresa interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). A través del Decreto 2/2026 publicado en el Boletín Oficial, se ratificó la transferencia del control pleno de la compañía a la Provincia de Catamarca, su principal socio y propietario del recurso.
Con esta normativa, la Nación deja de formar parte de la gestión y propiedad de la entidad creada en 1958 bajo la Ley N° 14.771. A partir de ahora, la estructura societaria se redefine bajo una nueva alianza estratégica: Catamarca ostentará el 60% de las acciones, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) conservará el 40% restante.
Nueva conducción y autonomía provincial
El decreto no solo formaliza la salida estatal, sino que reconfigura íntegramente el Directorio de YMAD. El órgano de conducción será presidido de ahora en más por un representante designado por el Gobierno de Catamarca. La mesa de decisiones se completará con cuatro vocales: dos en representación de la provincia y dos por la UNT.
Esta decisión deroga de facto varios artículos de la ley original que ligaban el destino de la empresa a las decisiones de la Ciudad de Buenos Aires. Según los fundamentos de la medida, el retiro responde a un criterio de «eficiencia fiscal»: el Ejecutivo Nacional argumentó que no ejercía un control operativo real ni percibía beneficios económicos directos que justificaran su permanencia en la sociedad.
El fin del histórico «Acta del Farallón Negro»
El traspaso tiene su origen legal en el nuevo «Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro», rubricado en diciembre de 2025 entre las autoridades catamarqueñas y la UNT. Con el refrendo del Ejecutivo Nacional publicado hoy, YMAD se transforma en una empresa de gestión exclusivamente provincial y académica, centrada en la explotación de oro y plata en el complejo minero ubicado en el departamento Belén.
Este paso administrativo cierra un ciclo de casi 70 años de presencia nacional en la minería catamarqueña, delegando la responsabilidad de la transparencia y la productividad directamente en los actores locales y universitarios.
