Los usuarios del transporte público en Tucumán parecen estar condenados a sufrir en todos los sentidos. Las unidades pasan cuando quieren, sin horarios confiables y sin ningún respeto por quienes dependen diariamente del servicio para trabajar, estudiar o realizar trámites.
La escena se repite todos los días: largas esperas bajo el frío, la lluvia o el calor agobiante de una provincia del norte donde viajar en colectivo muchas veces se convierte en un verdadero castigo. Y como si fuera poco, no es raro ver dos unidades juntas después de esperar media hora o más, para luego volver a soportar otros 40 minutos sin servicio.
La novela parece no tener fin.
Mientras los empresarios del transporte aseguran que no pueden sostener el sistema sin asistencia estatal y reclaman permanentemente más recursos, el gobernador Osvaldo Jaldo autorizó un nuevo desembolso de 4.900 millones de pesos mediante el Decreto N.º 1195/8.
¿Por qué siempre hay fondos para rescatar al transporte, pero no para asistir a las más de 500 pymes que cerraron sus puertas?
Los usuarios quedan atrapados entre salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes, un servicio deficiente, unidades en condiciones cuestionables y una economía provincial que expulsa comercios y fuentes de trabajo.
Mientras cientos de emprendedores y comerciantes bajan sus persianas, el Gobierno provincial parece concentrar sus esfuerzos en atender los reclamos de un sector privilegiado. Los pasajeros siguen esperando colectivos que no llegan, las pymes siguen cerrando y los tucumanos continúan pagando las consecuencias.
Además, surge otro interrogante que el Estado provincial debería responder:
¿Alguna vez se analizará la posibilidad de convocar a una licitación pública transparente y competitiva para la explotación del servicio?
Una apertura a verdaderos empresarios del transporte podría permitir la llegada de inversiones, unidades modernas y una mejora real en la calidad del servicio.
En cambio, la sensación de muchos usuarios es que el sistema continúa atrapado por un reducido grupo de empresarios que, cada vez que amenaza una crisis, vuelve a poner contra las cuerdas a los pasajeros y a exigir nuevos aportes estatales y el incremento del boleto mínimo. Los tucumanos terminan siendo rehenes de una discusión que siempre pagan de su bolsillo, ya sea mediante subsidios, tarifas o un servicio que dista mucho de estar a la altura de lo que merecen.
Una vez más, los ciudadanos aparecen como los grandes olvidados de una provincia donde las prioridades oficiales parecen estar muy lejos de las necesidades reales de la gente.
