Entre la motosierra nacional y la complicidad del poder tucumano, los adultos mayores sufren ingresos de miseria, bonos de miseria, recortes de PAMI y la obligación de volver a trabajar a los setenta años.
Mientras el calendario oficial marca una fecha de celebración, la realidad de las calles borra cualquier motivo de festejo. En Argentina, el Día del Jubilado encuentra a millones de adultos mayores atrapados en una crisis humanitaria sin tregua, convertidos en las principales víctimas de un modelo de ajuste impiadoso.
La situación es límite y alarmante, ingresos que se evaporan, tratamientos médicos negados o restringidos, y la indigna necesidad de reinsertarse en el mercado laboral informal solo para poder comer.
Una jubilación de indigencia frente a la crisis
Los números oficiales ahogan cualquier relato. Con un haber mínimo estipulado en $428.633 al que se le suma un bono congelado de $70.000, el total apenas roza los $498.633.
Esta cifra choca violentamente contra una canasta básica de la tercera edad que duplica con creces esos montos. Pagar alquileres, servicios dolarizados y alimentos básicos se transformó en una misión imposible.
La licuación de los haberes aplicada por la administración de Javier Milei no es un daño colateral, sino el núcleo de un plan económico que superpone superávit fiscal sobre el sufrimiento de quienes construyeron el país.
El recorte en remedios: una estafa a la salud
A la penuria económica se le suma la tragedia sanitaria. Las restricciones impuestas por el PAMI bajo filtros burocráticos cada vez más crueles dejaron a miles de jubilados sin la cobertura del 100% en medicamentos esenciales.
Muchos adultos mayores deben elegir entre comprar sus remedios para la presión, la diabetes o enfermedades crónicas, o pagar la tarifa de la luz.
Las trabas para acceder al subsidio social por medicamentos funcionan, en la práctica, como una negación sistemática del derecho a la salud, vulnerando la vida de los sectores más frágiles de la población.
Volver a trabajar para no morir de hambre
El mito del descanso merecido tras décadas de aportes quedó archivado en el pasado. Hoy es común ver a abuelos y abuelas atendiendo pequeños kioscos, vendiendo en la vía pública o rebuskándolas en changas informales a una edad en la que sus cuerpos exigen cuidado.
La «motosierra» empujó a una marea de jubilados a la actividad laboral obligatoria simplemente para esquivar la indigencia.
La complicidad del poder político en Tucumán
Frente a este escenario desolador, la postura del gobierno provincial de Tucumán profundiza la herida. Lejos de alzar la voz en defensa de los tucumanos más vulnerables, la administración local opta por un silencio cómplice y una subordinación pasiva ante las directrices de la Casa Rosada.
Mientras los hospitales públicos provinciales colapsan por la demanda de abuelos que ya no pueden pagar una farmacia privada, la política provincial mira hacia otro lado, priorizando acuerdos de gobernabilidad por sobre el bienestar de su propia gente.
Celebrar este día sin denunciar este sistema de exclusión es naturalizar el descarte de una generación entera.
Los jubilados no piden privilegios, exigen dignidad, remedios y un ingreso que les permita vivir con decencia.
