En Tucumán, organizaciones y referentes del colectivo de personas con discapacidad advierten sobre una profundización de la crisis del sector, a partir de los recortes en políticas sociales y de las dificultades para acceder a prestaciones, medicamentos y derechos básicos.
Según los datos mencionados por el colectivo, en la provincia viven alrededor de 280.000 personas con discapacidad, pero solo un tercio cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Uno de los principales reclamos está relacionado con la renovación del CUD. Según denunciaron, el endurecimiento de los criterios deja a algunas personas sin prestaciones ni medicamentos durante períodos que pueden extenderse hasta seis meses.
La referente consultada cuestionó además las políticas del Gobierno provincial y sostuvo que la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo tuvo, según su interpretación, una «política de negación» frente a las dificultades que atraviesa el sector, especialmente ante el aumento del costo de los medicamentos.
Barreras en las escuelas y dificultades para acceder a una vivienda
La situación también alcanza al sistema educativo. Desde el colectivo señalaron que numerosas escuelas públicas no cuentan con las adecuaciones edilicias, rampas y condiciones necesarias para garantizar la inclusión y el aprendizaje de estudiantes con discapacidad.
«El ámbito educativo es el primer espacio desde donde se te excluye», afirmó la referente, quien cuestionó que las familias terminen asumiendo gran parte de las tareas de acompañamiento y contención.
A esta situación se suman reclamos por violencia policial, problemas de accesibilidad y presuntas irregularidades en el cumplimiento del cupo del 5% del FONAVI destinado a personas con discapacidad.
Advierten por un regreso al modelo asistencialista
Otro de los puntos de preocupación está vinculado con el proyecto de Presupuesto nacional y las normas que, según el colectivo, pueden limitar el acceso al trabajo formal y la autonomía económica de las personas con discapacidad.
La vocera cuestionó lo que considera un retroceso en materia de derechos y advirtió: «Quieren que volvamos a un modelo de mendicidad y de la falsa caridad hacia el colectivo».
Desde el sector sostienen que estas políticas entran en tensión con el reconocimiento constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reclaman que se garantice un enfoque basado en derechos y autonomía.
Prestadores en crisis y reclamo de representación política
La crisis también impacta en los prestadores. Según denunciaron, existen demoras de hasta ocho meses en los pagos gubernamentales, una situación que afecta especialmente a pequeños centros de rehabilitación barriales y a prestadores que trabajan bajo el régimen de monotributo.
El colectivo reclama que no se interrumpan ni demoren los fondos destinados a las prestaciones y exige mayor participación en los espacios donde se toman decisiones sobre las políticas públicas del sector.
«La gran deuda es promover los derechos políticos de las personas con discapacidad», sostuvo la entrevistada, quien planteó la necesidad de avanzar hacia una representación propia de las personas con discapacidad en el Congreso.
Los reclamos apuntan así a distintos niveles del Estado y abarcan desde la certificación y el acceso a medicamentos hasta la educación, la vivienda, las prestaciones y la participación política.
