La Fiscalía sostiene que Felipe “El Militar” Sosa asesinó a Érika Antonella Álvarez, de 25 años, luego de golpearla violentamente en la zona cráneo-facial y cervical dentro de una vivienda de Yerba Buena. Para el Ministerio Público, el ataque le provocó múltiples lesiones y la muerte por traumatismo cráneo-facial y cervical.
Esa es la hipótesis central con la que el fiscal Pedro Gallo llevará el caso a juicio oral. La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci aceptó la elevación a debate tras la audiencia de control de acusación y admisibilidad de pruebas. Si no hay planteos que demoren el proceso, el juicio podría realizarse antes de fin de año.
La acusación ubica el inicio de la secuencia el 7 de enero de 2026.
Según la teoría fiscal, Érika salió alrededor de las 3.37 de su casa, situada en Gerónimo Helguera al 1700, en San Miguel de Tucumán, y tomó un automóvil de Uber hasta la vivienda de Sosa, en Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena. Habría llegado aproximadamente a las 3.50.
Para Gallo, entre ese momento y las 7, Sosa se aprovechó de una relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de la joven para atacarla. La Fiscalía atribuye al acusado golpes de extrema violencia sobre el rostro y el cuello, que derivaron en lesiones mortales.
El pedido de pena para Sosa es de prisión perpetua por femicidio.
La acusación sostiene, además, que tras el crimen se desplegaron maniobras para ocultar el cuerpo y borrar rastros. En ese tramo de la investigación están imputados Justina Gordillo, ex pareja de Sosa y empleada judicial, y Jorge “Chicho” Díaz. Para ambos, el Ministerio Público anticipó que pedirá una condena de seis años de prisión por encubrimiento.
La acusación contra Gordillo
De acuerdo con la Fiscalía, Gordillo mantuvo comunicaciones con Sosa durante la mañana del 7 de enero y luego se presentó en la casa donde se habría cometido el femicidio. Habría permanecido allí varias horas, se retiró y volvió por la noche.
La acusación le atribuye haber colaborado con el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros del hecho y la desaparición de pertenencias de Érika. También sostiene que habría intervenido en maniobras vinculadas con la camioneta que Sosa habría utilizado para ocultar el cuerpo.
La fiscalía también la acusa de haber ayudado a Sosa a escapar hacia Buenos Aires: le habría puesto a disposición una motocicleta KTM y, posteriormente, dinero e información relacionada con la investigación. Según la teoría acusatoria, esas acciones buscaban favorecer al principal imputado para que eludiera la pesquisa y se sustrajera de la Justicia, además de obtener un beneficio económico.
Gordillo enfrenta una imputación por encubrimiento agravado.
En la causa se incorporó como elemento que, dos días después del hecho, Sosa le habría otorgado poderes económicos sobre sus tres empresas. La defensa de la empleada judicial, integrada por María Florencia Abdala y Camilo Atim, niega que ella haya obtenido un beneficio patrimonial y sostiene que no puede ser acusada por encubrimiento debido a la relación sentimental que mantenía con Sosa.
Los defensores también buscarán demostrar que Gordillo no se ausentó de su trabajo y que no tuvo posibilidad de ingresar al expediente para brindar información al acusado.
Qué le atribuyen a “Chicho” Díaz
Sobre Jorge “Chicho” Díaz, la Fiscalía sostiene que el 7 de enero, cerca de las 15.17, llegó a la vivienda de Sosa a bordo de una Chevrolet S10 de la firma Mundo Limpio. La acusación señala que colaboró con la eliminación de rastros, la desaparición del teléfono celular de Érika y la limpieza del lugar.
Al retirarse de la casa, siempre según la hipótesis fiscal, Díaz habría llevado un estuche que contenía una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12. Esos elementos, de acuerdo con la acusación, le habrían sido entregados por Sosa.
Su defensor, Juan Pablo Bello, anticipó que sostendrá que Díaz realizó trabajos en la vivienda los días 6 y 7 de enero, pero que estuvo acompañado por otro empleado de la empresa de Sosa. La estrategia será demostrar que no participó de ningún encubrimiento.
Díaz fue beneficiado con arresto domiciliario, una caución de $20 millones y otras condiciones impuestas por la Justicia. Gordillo también cumple prisión domiciliaria, con una caución de $30 millones y monitoreo mediante tobillera electrónica.
Más de 70 testigos y una declaración clave
Durante la audiencia, las partes detallaron la prueba que pretenden producir en el juicio. La lista supera los 70 testigos e incluye pericias, registros fílmicos, testimonios y pruebas genéticas que, en el caso de Sosa, serán uno de los pilares de la acusación.
Uno de los testigos más importantes será Nicolás Navarro Flores, amigo de Sosa. Ya fue condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión efectiva por encubrimiento en esta causa. Su declaración compromete a Gordillo y a Díaz porque afirmó que ambos conocían lo sucedido y estuvieron en la casa cuando el cuerpo aún no había sido eliminado.
Navarro Flores también informó que Sosa le habría entregado una importante cantidad de droga para que la ocultara. El fiscal Gallo y el querellante Carlos Garmendia, representante de la familia de Érika, se mostraron confiados en la evidencia reunida para sostener las acusaciones.
Por el contrario, los abogados de Sosa, Marcelo Cosiansi y Aldo Flores, cuestionarán los informes de las tres autopsias practicadas. Buscarán sostener, con el aporte de especialistas, que Érika murió de forma accidental y que Sosa ocultó el cuerpo por temor a una represalia del novio de la joven, a quien vinculan con el narcotráfico.
El reclamo económico de la familia
La causa también incluye un reclamo civil. A pedido de la defensa de Sosa, los hermanos de Érika fueron excluidos de la lista de demandantes, por lo que ya no podrán reclamar una reparación económica a los acusados.
Antes de esa resolución, se había solicitado que Sosa pagara $438 millones, mientras que a Gordillo y Díaz se les reclamaban unos $70 millones. En el acuerdo alcanzado con Navarro Flores, quien ya fue condenado por encubrimiento, se fijó el pago de $30 millones.
Al quedar únicamente los padres de Érika como reclamantes, el monto originalmente pedido se redujo en más de un 40%. El tribunal deberá resolver, durante el juicio, si corresponde una indemnización y cuál será su cifra.
El debate oral deberá determinar si la secuencia expuesta por la Fiscalía puede ser probada y establecer las responsabilidades penales de Sosa, Gordillo y Díaz en el crimen y en las maniobras posteriores. Hasta entonces, las acusaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser discutidas ante el tribunal.
