Por Redacción Central la Pluma Viral
Mire bien esta imagen. Mírela con atención!.
En la política tucumana ya nada asombra, pero esto supera los límites del impudor. Circula en redes un volante con estética de oferta de supermercado que promete “asesoramiento previsional a tiempo” para jubilados.
Le ofrecen “planificación”, le prometen “evitar sorpresas” y se lo rematan con un gancho que en Argentina siempre huele mal: “Todos nuestros trámites son totalmente gratuitos”.
Esta es la cínica publicidad que circula por redes
Ahora, pregúntese: ¿Dónde atiende esta supuesta ONG de la caridad?
No es una parroquia, no es un centro de jubilados. La cita es en la Legislatura de Tucumán, Muñecas 951, piso 7, oficina 702.
Y los “filántropos” que firman abajo tampoco son dos vecinos solidarios: son Gerónimo Vargas Aignasse, legislador provincial, y su primo Facundo Vargas Aignasse, concejal de la capital.
Los primos Gerónimo y Facundo preparando el “enroque” de cargos. Buscando clientes.
El embudo perfecto.
¿Qué hace un concejal del capital metido en un despacho del Poder Legislativo provincial ofreciendo trámites de jubilación? La respuesta no es la vocación de servicio; es la matriz del clientelismo y la captación indebida de clientela.
El mecanismo es perverso y redondo.
Usan la oficina oficial, la luz, el aire acondicionado, el teléfono y los empleados que les pagamos todos los tucumanos para montar una ventanilla privada de atención. Le dicen al jubilado que no le cobran la consulta inicial. Lo atraen al despacho público como si fuera un favor personal de los Vargas Aignasse.
Es fantástico. Armaron una Pyme asistencial con los impuestos que paga usted para sostener la legislatura más cara del país.
El negocio que nadie ve es que cuando esa consulta gratuita detecta un reajuste de haberes o un juicio contra la ANSES, ¿dónde termina el expediente? ¿Quién firma las demandas en el fuero privado? ¿Quién se queda con los honorarios del pleito cuando la causa sale de la oficina pública?…
El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, mediador Alberto López Domínguez, no deja el bailongo, mientras la institución estalla.
¿Y el Colegio de Abogados? Sigue de fiesta
Frente a esta flagrante violación a la Ley 5233 y al código de ética letrada, la pregunta que quema es una sola: ¿Qué va a hacer el Colegio de Abogados de Tucumán? ¿O van a seguir mirando para otro lado como si estuvieran de fiesta?
Mientras cualquier abogado de a pie se mata pagando la matrícula anual, alquilando un estudio y tributando hasta el último peso para no caer en la «incompetencia desleal», las autoridades de la colegiación parecen sumidas en una amnesia conveniente.
El tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán con Carmen Fintan a la cabeza, en la, pero gestión de su historia de 100 años, postulada como candidata a Vicepresidenta del Colegio.
El Tribunal de Ética y la Comisión Directiva tienen servida en bandeja una investigación de oficio por captación indebida y uso de la estructura pública. Sin embargo, el silencio institucional aturde. La vara, una vez más, parece medirse según el peso del apellido del matriculado.
Gerónimo Vargas Aignasse, la casta en su máxima expresión.
Ni la Legislatura es un estudio jurídico, ni el Concejo Deliberante es una oficina de la ANSES. Lo que vemos en el piso 7 no es asistencia social: es proselitismo con recursos públicos y un embudo perfecto de causas judiciales disfrazado de solidaridad.
La pregunta no es si esto es ético o legal.
La pregunta es hasta cuándo la sociedad tucumana —y los propios abogados colegiados— van a seguir financiándole el local comercial a los políticos de turno mientras las instituciones miran para la mesa del buffet.
